Pero su implementación presentó dificultades por estar muy restringido y con engorrosos procedimientos, lo que hizo que de 450 mil familias que estaban en condiciones de acogerse al subsidio solo un 10% pudiera obtenerlo. En vista de lo anterior, entre 1991 y 1995 se realizaron modificaciones para mejorar la cobertura y entrega del subsidio, flexibilizando el porcentaje factible de subsidiar de un rango de 40% a 75% a uno de 25% a 85%, y elevándose la base de subsidio de 15 a 20 metros cúbicos. Luego de estas modificaciones, en 1995 el 17,6% de los clientes urbanos estaba subsidiado, con un costo equivalente al 5,2% de la facturación de las empresas sanitarias, financiamiento que aportaba directamente el Estado144. La gran epidemia de cólera que afectó con virulencia al país entre 1886 y 1888 llevó a las autoridades a darle debida importancia a la deplorable situación sanitaria de las ciudades, especialmente a sus sistemas de agua potable y alcantarillado.
Esta desigualdad se debe principalmente al hecho de que el proceso liderado por el estado entre fines del siglo XIX y fines del XX estuvo restringido por la disponibilidad de recursos financieros del estado. De nuestro estudio se observa que sostenidamente se destinaron del presupuesto nacional recursos para avanzar gradualmente en la instalación de los servicios sanitarios a nivel nacional, pero no con la celeridad requerida, ni con la igualdad recomendada. Asimismo, cabe destacar que otra razón que explica la lentitud en la construcción de infraestructura sanitaria es el carácter subsidiario de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Las tasas de crecimiento de cobertura urbana de agua potable y alcantarillado fueron las más altas del siglo126. La lentitud para avanzar en los servicios de alcantarillado llevó al gobierno a dictar decretos para obligar a la población con servicio de agua potable a instalar fosas sépticas y letrinas en sus domicilios, estableciéndose ayuda estatal para las propiedades de bajo avalúo fiscal76. Por otra parte, en materia financiera, las administradoras de los servicios sanitarios estaban presentando déficits permanentes debido a las bajas tarifas. Para tratar de mejorar estos déficits se estableció que los establecimientos fiscales, municipales, educacionales y de beneficencia que tenían gratuidad en los servicios de agua potable solo tendrían un límite de consumo en la gratuidad y el exceso debía ser pagado77. Asimismo, a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, gran consumidor de agua a lo largo del país, se le quitó la gratuidad por considerarla una empresa comercial78.
Aproximadamente la mitad de esa población vivía en localidades concentradas y la otra mitad en localidades semi concentradas y/o dispersas. Como señalamos anteriormente, desde los años 1990 el MOP continuó con el Programa de Agua Potable Rural prestando apoyo financiero y asesoría técnica a más de 1.900 comités y cooperativas de APR que administran dichos sistemas, logrando en 2017 que el 100 percent de la población rural concentrada tuviese agua potable y que el 60% de la población semi concentrada hiciese lo propio. Al mismo tiempo, se avanzó en sistemas de saneamientos de eliminación de excretas en la población rural, pues un 17% tenía sistema de alcantarillado, un 55,3% fosa séptica, un 15,5% letrinas conectadas a pozo sobre pozo negro, 9,5% conectada a pozo negro, y apenas un 2,7% no tenía solución160. De este modo, juntamente con el alza tarifaria comenzó a aplicarse el sistema de subsidio focalizado al consumo de agua potable y alcantarillado.
Ley 5.613, de 1935, que financia las obras domiciliarias de alcantarillado y agua potable con préstamos a largo plazo hechos por la Caja Nacional de Ahorros.
Durante el periodo de funcionamiento del DOS, dicha dirección tuvo que enfrentar un fenómeno demográfico y migratorio (principalmente interno) que definió en gran medida su política de inversiones. Por una parte, la población nacional tuvo una gran expansión demográfica entre 1952 y 1970 (producto de una notoria baja en la tasa de mortalidad, en parte a raíz de las mejoras en alcantarillado y provisión de agua potable), con una tasa de crecimiento sobre el 2%, aumentado la población en casi tres millones de habitantes (tabla 4). Al mismo tiempo, se produjo el fenómeno migratorio del campo a la ciudad, que llevó a una notoria expansión de la población urbana, desde un 60% en 1952 a un 75% 1970. Esta población migrante se concentró en las ciudades capitales de provincias y, especialmente, en la capital del país, Santiago, que aumentó su población de 1,three millones en 1952 a 2,7 millones en 1970, como se observa en la tabla 4. Una innovación period la posibilidad de que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado pudieran ser administrados por privados.
Respecto de fechas de término de los primeros tramos, destacan Antofagasta (1912)57, Concepción (1913), La Serena (1914), Buin (1914), Chillán (1915) y Valdivia (1915) 58. En el inter tanto, en 1914 se encargaron estudios de alcantarillado para Puerto Montt y Talcahuano. Dado el bajo nivel de ingresos del país, y su baja recaudación fiscal, lo anterior no period de extrañar.
Las primeras acciones respecto de los servicios de alcantarillado se relacionan con la ley 342 de 1896, que autorizó a las municipalidades de ciudades y villas con más de 5.000 habitantes a establecer como obligatorio el servicio de desagües por medio de alcantarillas o cañerías. Para este efecto, los municipios levantarían redes de alcantarillado a las que los vecinos se conectarían obligatoriamente, debiendo pagar por el servicio una cuota que fijaría el municipio33. A partir alcantarillas tubulares de concreto de 1975, esta vez bajo una nueva política económica neoliberal, se llevó a cabo una profunda reorganización y racionalización del sector público, que llevaría a un cambio de los paradigmas que habían definido la trayectoria del sistema sanitario estatal. En lo medular, se produjo un aumento progresivo de las tarifas y mejores sistemas de cobranza y recaudación que disminuyeron considerablemente las perdidas operacionales, generando también un aumento de los ingresos propios.
La Dirección General sería ejercida por un director basic y constaría de los Departamentos de Explotación Técnica y de Explotación Comercial79. 158Superintendencia de Servicios Sanitarios, Informe de gestión del sector sanitario 2016, 72. 152En 2004 ya estaban en operación 162 plantas de tratamiento de aguas servidas en Chile, siendo la de la Farfana (en la Región Metropolitana) la de mayor capacidad. 146En su primer discurso presidencial Frei Ruiz-Tagle ya prometía especial compromiso con “la construcción de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas en todo el país”. 95Ministerio de Interior, Memoria de la Dirección basic de servicios agua potable y alcantarillado de 1945, 8-9.
Para esto se debía presentar un anteproyecto al presidente de la República, quien aprobaría la concesión por un plazo de 10 años. Sería obligación de la empresa privada costear todas las instalaciones de agua potable y alcantarillado, incluido los arranques domiciliarios. Las tarifas se calcularían de modo que las entradas alcantarillas para pozo de la Empresa cubrieran los gastos de explotación y conservación de las obras, que permitieran formar un fondo para renovación de las instalaciones y rendir un interés hasta de un 10% del capital inmovilizado. Por último, quedarían bajo la supervigilancia de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado81.