El único estudio serio sigue siendo el trabajo de Ana Icaza y Alfredo Rodríguez (1988) que colecta y analiza por primera vez las tasas de impagos e interrupciones. Con el fin de evitar la inclusión de simples demoras de pago, podemos enfocarnos sobre los impagos de más de tres meses. Tres meses corresponden también al periodo después del cual, desde 1977, la empresa está autorizada a cortar el suministro de agua a sus clientes endeudados.
Entre 1999 y 2012 la mayor parte de las inversiones estuvo destinada a la construcción de plantas de tratamientos de las aguas servidas de los alcantarillados urbanos, además de nuevas inversiones en las ya consolidadas redes de agua potable y alcantarillado. Este último año (2012), había a lo largo del país 270 plantas de tratamientos de aguas servidas de alcantarillados urbanos, las que permitían una cobertura del 99,8%, i.e. pseudo universal154. A partir de 2010, cuando ya se había alcanzado una gran cobertura de tratamiento de aguas servidas, las inversiones se concentraron en obras de reconstrucción de los daños causados por los terremotos de 2010 y 2015 a la infraestructura sanitaria, como también en plantas de agua potable para enfrentar la mega sequía que por más de una década afectaba al país155. De esta manera, el éxito del modelo chileno es presentado como un ejemplo de reforma exitosa en un país en desarrollo (Shirley et al., 2000). Su estudio enseña que el acceso common plomeria pex fue en realidad logrado a través de importantes inversiones públicas, permitiendo el acceso al servicio a través del acceso a la vivienda, y haciendo solvente a una parte importante de la clientela modesta con subsidios.
Desde 1977, junto a la creación de EMOS, el área urbana del Gran Santiago es abastecida por cinco distribuidores. En 1985, EMOS suministraba al 88% de la población, en 33 de los 34 municipios, con la excepción de Maipú y de algunos sectores de los municipios de Cerrillos, de Estación Central y de Las Condes. No es hasta 1979, en el marco de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) que los programas de acceso a la vivienda son reactivados. Esos programas de filosofía liberal renuncian a la política agua alcantarillado de vivienda pública; ahora el Estado desarrolla un papel central en el finan-ciamiento de la vivienda, apoyando el acceso a la propiedad, pero no en su construcción. “Con estos trabajos estamos garantizando, en primer lugar, una mayor seguridad para el recinto de las fondas, iluminando el sector donde van a compartir las familias en estas fiestas patrias, y también estamos mejoramos sustancialmente la higiene del lugar, con una red de alcantarillado y agua potable definitiva”, explicó la jefa comunal.
Entonces se debe pedir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que evalúe la factibilidad técnica y económica de entregar el servicio al predio solicitado. Si la Superintendencia resuelve que sí es factible, entonces ella misma podrá entregar el certificado de factibilidad, y si no hay empresas dispuestas a hacer la instalación, en última instancia podrá obligar a la empresa sanitaria más cercana a dar este servicio. En el caso que se comprueba que el problema es ocasionado por terceros u obstrucción del conducto público, los trabajos no tendrán costos para el cliente y además la empresa sanitaria deberá realizar una sanitización donde haya ocurrido el derrame. Ante cualquier eventualidad que ocurra en el tramo correspondiente a la empresa sanitaria, si se determina que fue ocasionado por el mal uso del sistema de alcantarillado (trapos, papeles, basura, etc) se le hará un cargo al cliente por los trabajos realizados. La responsabilidad de los dueños del inmueble va desde la primera cámara domiciliaria hacia el inside de la vivienda, incluso el buen estado de la primera cámara es responsabilidad del dueño del inmueble en caso de que esta sufra daños o sea necesario reponerla.
Ahora, con la nueva ley, los proyectos de viviendas sociales para ser construidos en el límite urbano, están eximidos de pagar los costos de conexión a los servicios sanitarios. En cuanto a los efectos de la reforma, ésta permitió concluir la universalización de la red de alcantarillado y resolver los últimos puntos negros de la red del agua. Siempre al nivel espacial, el reforzamiento de la capacidad de inversión del distribuidor permitió a este último acompañar la reactivación del crecimiento urbano que se observó desde finales de los ochenta. Se exime a las viviendas sociales del pago de los costos de conexión a la red de agua potable y alcantarillado en el límite urbano, y se crea un mecanismo simplificado para acceder al certificado de factibilidad técnica para instalar estos servicios. Siguiendo esa segunda reforma de la gestión y el reforzamiento de los resultados y de la rentabilidad de EMOS-SA, la privatización parcial de la empresa generó 965 US$ millones para el Estado chileno en 1999, durante una nueva fase de privatización de los servicios urbanos. En lo que se refiere al acceso al agua potable, los municipios del centro y los municipios más acomodados del cuadrante noreste presentan todos tasas de conexión iguales o superiores a la media del 97% (INE, 1982).
Las aguas contaminadas son un grave problema para la salud pública, ya que contienen numerosos virus, bacterias y parásitos que son fuente de variadas enfermedades que pueden contraerse fácilmente al beber, bañarse o ingerir alimentos en contacto con estas aguas. Para esto, es necesaria la labor de plantas de tratamiento, que son instalaciones de alta tecnología que permiten realizar la limpieza de las aguas servidas jugando un rol importantísimo en la preservación del medio ambiente. Las aguas también pueden ser depuradas mediante emisarios submarinos, que son tuberías de una longitud tal que permiten realizar una descarga de aguas residuales, en un lugar de un cuerpo de agua donde la hidrodinámica favorece su dilución y dispersión, tratando de esta manera en forma pure las descargas que sean biodegradables. Establecimiento educacional deberá mantener la red de distribución de agua potable sin filtraciones.
El primero era un órgano consultivo donde convergieron médicos, ingenieros y políticos, que estudiaban y proponían al gobierno medidas para avanzar en la salubridad pública. El segundo era un organismo técnico encargado de hacer estudios científicos de higiene pública y privada, especialmente análisis químicos y bacteriológicos de las aguas potables de las principales ciudades del país32. De este modo, las primeras medidas de intervención estatal en la problemática sanitaria estuvieron relacionadas con el enfrentamiento de la epidemia de cólera que afectaba al país. Para este efecto, el gobierno decretó a fines de 1886 la formación de una comisión presidida por el ministro del Interior, que fue denominada Comisión de Higiene Pública para estudiar y recomendar medidas para enfrentar la epidemia.
En segundo lugar, las políticas de vivienda y de desarrollo urbano fueron acompañadas de dos reformas sucesivas en la gestión del servicio, en 1977 y después en 1989; las que permitieron inversiones para primero poner a nivel la distribución de agua y después la red de alcantarillado. A pesar de haber sido una política urbana y social fuertemente discriminatoria, las redes de agua potable y de saneamiento se fueron unlversalizando de forma igualitaria, a la vez que seguían el crecimiento rápido del número de viviendas a partir de la segunda mitad de los ochenta. Con la introducción de un subsidio al consumo de agua potable, las reformas permitieron hacer solvente a una parte importante de la clientela modesta y disminuir sensiblemente la tasa de morosidad. Además, las nuevas modalidades de gestión de los servicios de agua iniciadas a partir de 1989 no incrementaron el nivel ya elevado de fragmentación institucional, sino más bien lo redujeron. Así, los procesos de privatización de la gestión de los servicios, de liberalización y de re-regulación no conducen automáticamente al unbundling de los servicios y de las redes, ni al deterioro de la calidad de servicios para los consumidores menos solventes. A cambio, el nuevo sector sanitario, ahora bajo la gestión del sector privado, debió realizar importantes inversiones, según planes de desarrollo ya comprometidos, para la modernización del sistema sanitario, como se observa en el siguiente gráfico.
Constituirían las entradas de las empresas de agua potable y alcantarillado, el producto de la contribución de desagües establecido por la ley de 1896, y el producto del consumo del metro cúbico de agua potable, cuyo precio era fijado por el Estado. Asimismo, se dictarían los reglamentos necesarios para la explotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, con el fin de garantizar su conservación y de que sus rentas se destinaran a su mejoramiento y ensanche. Sobre estas bases se estructuró la intervención del Estado en el suministro de agua potable y alcantarillado de las ciudades y pueblos del país, quedando fuera de esta intervención el mundo rural y los pueblos con menos de cinco mil habitantes, los que representaban, sin embargo, alrededor del 70% de la población chilena en aquella fecha. De esta forma, en las primeras décadas del siglo XX, el Estado realizó importantes inversiones para dotar de agua potable y alcantarillado a los principales centros urbanos del país, y/o ampliar su cobertura. En Santiago, capital del país, con 332 mil habitantes en 1907, se procedió a realizar estudios para aprovechar las aguas de la cordillera, específicamente de la Laguna Negra y del estero El Manzano, las cuales mediante un decreto del Ministerio de Obras Públicas se reservaron para los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad50.
95Ministerio de Interior, Memoria de la Dirección basic de servicios agua potable y alcantarillado de 1945, 8-9. 61Páez, Abastecimiento de agua potable…; Alegría y Celedón, «Historia del sector sanitario chileno», 1-55. “desgraciadamente la escasez de fondos ha sido la causa de que la mayor parte de este plan no sea realizado y así más de 30 ciudades cuyas obras de mejoramiento o de instalación del servicio debieran haberse ya ejecutado en conformidad a ese plan, todavía no han visto iniciadas sus obras”71. Además, es importante recalcar que, si estando en proceso de reparación llegara a dañarse parte del inmueble, la empresa debe responder por todos los daños realizados al ejecutar la reparación. El conjunto de conducción e instalaciones diseñadas para transportar el agua potable a los hogares es responsabilidad de la empresa sanitaria hasta las llaves de paso del medidor basic. Si existe una filtración inmediatamente después de estas llaves la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente, quien debe reparar esta fuga.