En vista de que no todos los habitantes de las ciudades y pueblos donde llegaba el servicio de agua potable procedían con la prontitud deseada por las autoridades a su conexión domiciliaria, socavando así la política sanitaria y su gran inversión, se procedió a dictar una ley que hacía obligatoria la conexión y servicio de agua potable. Efectivamente, la ley three.092 de 1916 señalaba que, en todas las poblaciones dotadas de servicio de agua potable por el Estado o las municipalidades, sería obligación de todos los propietarios instalar arranques domiciliarios para el servicio de sus respectivos inmuebles. Por último, establecía multas para quienes no pagaran el servicio y los mecanismos para su cobro por vía judicial66.
En el inter tanto, en 1914 se encargaron estudios de alcantarillado para Puerto Montt y Talcahuano. Combiene matizar el escaso movimiento de desarrollo urbano entre 1980 y 1985, con el fuerte crecimiento urbano privado en el cuadrante noreste de la aglomeración, en el seno del perímetro de «expansión urbana». Excluidos del límite urbano legal entre 1960 y 1979, esos barrios descentrados de los municipios de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea disponían para su localización de un fuerte capital social, simbólico y paisajístico. Los promotores inmobiliarios pudieron asegurarse las inversiones y la distribución de servicios apoyándose en los distribuidores privados de agua. El sistema de zona de expansión excluyendo el suministro público en servicios esenciales no frenó entonces el asentamiento de los hogares de las clases más acomodadas a las afueras de la zona urbanizada.
Durante el periodo de funcionamiento del DOS, dicha dirección tuvo que enfrentar un fenómeno demográfico y migratorio (principalmente interno) que definió en gran medida su política de inversiones. Por una parte, la población nacional tuvo una gran expansión demográfica entre 1952 y 1970 (producto de una notoria baja en la tasa de mortalidad, en parte a raíz de las mejoras en alcantarillado y provisión de agua potable), con una tasa de crecimiento sobre el 2%, aumentado la población en casi tres millones de habitantes (tabla 4). Al mismo tiempo, se produjo el fenómeno migratorio del campo a la ciudad, que llevó a una notoria expansión de la población urbana, desde un 60% en 1952 a un 75% 1970. Esta población migrante se concentró en las ciudades capitales de provincias y, especialmente, en la capital del país, Santiago, que aumentó su población de 1,three empresa plomeria millones en 1952 a 2,7 millones en 1970, como se observa en la tabla 4. Vale decir, se seguía apostando por el modelo de subsidio universal con tarifas inferiores al costo de provisión de los servicios.
En su último discurso presidencial (1989) el dictador reiteraba que “cabe recordar que en 1973 las tasas de cobertura de agua potable y alcantarillado apenas alcanzaban a 69% y a un 36%, respectivamente. En 1931 el ministerio del Interior procedió a una reorganización del servicio fiscal de agua potable y alcantarillado, dictando una ley orgánica (DFL 235) que convirtió a la Inspección aguas negras alcantarillado en la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. Esta tendría a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con excepción de los dependientes de la Empresa de Agua Potable y la Dirección de Alcantarillado de Santiago. Los Intendentes tendrían amplias atribuciones para fiscalizar en sus respectivas provincias la marcha de estos servicios.
Respecto del resto de las ciudades del país, entre 1906 y 1914, el Estado había avanzado significativamente en sus inversiones. Se habían instalado en 54 ciudades servicios de agua potable55, mayoritariamente en urbes con más de diez mil habitantes, pero también de entre 2 y cinco mil habitantes. Sin embargo, en las redes de alcantarillado se avanzaba más lentamente, pues, antes de 1913 se reportaba obras concluidas solo en Santiago y Valparaíso. En Concepción, recién en 1907 se recibieron las primeras propuestas para la construcción del alcantarillado56. Asimismo, entre 1907 y 1912 el gobierno solicitó propuestas de construcción para Talca, Antofagasta, Mejillones, Linares, Curicó, Chillán, Taltal, La Serena y Quillota. Respecto de fechas de término de los primeros tramos, destacan Antofagasta (1912)57, Concepción (1913), La Serena (1914), Buin (1914), Chillán (1915) y Valdivia (1915) fifty eight.
104Asimismo, debemos destacar que durante este periodo también proliferaron pequeños servicios de agua potable privados. Se estima que en 1958, del whole de la población que disfrutaba agua potable en sus hogares, un 18% period abastecida por servicios particulares, y el 82% restante por fiscales. Unos años más tarde, otro artículo del mismo medio, estimaba que en las urbes chilenas, en un mundo “con agua potable y desagües, la mortalidad descendería desde 38 a forty por mil a 3 o 4 por mil”. Para Antofagasta solamente, a raíz de un rezago en la puesta en marcha del alcantarillado de dicha ciudad, “según la opinión de los médicos de Antofagasta… mil vidas cuesta el no funcionamiento del alcantarillado”. A través del SENDOS, el Estado cumplía al mismo tiempo los roles subsidiarios, normativo, fiscalizador y prestador de servicios sanitarios.
Ley 2.106, de 05 de marzo 1908, El Congreso autoriza al presidente de la República para que contrate en licitación pública la construcción de los alcantarillados en las ciudades de la República que tengan más de diez mil habitantes. Si por efecto de algún problema en el colector público que provoque rebase superficial de aguas servidas que ocasione daño en la vivienda (enseres y otros), su reparación o reposición podrá solicitarse a la empresa. Al no haber solución por esta vía, el cliente podrá recurrir al Juzgado de Policía Local correspondiente. Si se determina que fue ocasionada por raíces originadas en la vía pública o producto de problemas en el colector público (embancamientos, roturas y otros). Establecimiento educacional deberá contar en los lugares de trabajo, con instalaciones, artefactos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable que cumplan con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Sólo se cobra la desobstrucción de la unión domiciliaria cuando el problema se ha producido por la incorporación de elementos ajenos al servicio, como por ejemplo, escombros, juguetes, trozos de madera, etc., situación de exclusiva responsabilidad del usuario y no considerada en la tarifa del servicio.
Cada región puede tener requisitos específicos en cuanto a la calidad del agua, la ubicación de las tuberías y los sistemas de alcantarillado. Estas normativas están diseñadas para garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema, por lo que es importante seguirlas adecuadamente. 146En su primer discurso presidencial Frei Ruiz-Tagle ya prometía especial compromiso con “la construcción de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas en todo el país”. 82Mención especial de empresas privadas proveyendo agua potable merece la The Tarapacá Water Works Company, que abastecía partes de Iquique y algunas oficinas salitreras, fundada en 1888. Páez, Abastecimiento de agua potable en villas y aldeas; Alegría y Celedón, «Historia del sector sanitario chileno» 1-55. 79Decreto con Fuerza de Ley 235, de 1931, Aprueba la organización de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Las tarifas de los servicios de agua potable se fijarían de modo que con el producto de todos los servicios se cubrieran los gastos de explotación, se atendiera a la conservación, mejoramiento y ensanche de las instalaciones, y se pagasen los intereses y la amortización de las sumas invertidas en la construcción de las obras. Los consumidores en los servicios de agua potable estarían obligados a pagar una tarifa mínima correspondiente al diámetro del arranque fijado por el Administrador, aunque no hubiera habido consumo, pues ese period el derecho que debía pagarse por tener instalado el servicio. También mantenía la obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado una vez disponible el servicio en un plazo de un año80. De este modo, en 1923 se terminaron los alcantarillados de Arica y Tocopilla, y en 1925 el de Talcahuano. Hasta en 1977, las empresas privadas de distribución de agua no fueron sometidas a una regulación formal (Morandé, 1997, p. 8). Después las tarifas fueron definidas por el Ministerio de Economía sin regla de tarificación preestablecida.
En 1993, el director de la Empresa de Agua Potable Lo Castillo, Alejandro Dussaillant (entrevistado por A. Daniére, 1994, p. 13), afirmó que los precios regulados no habían permitido cubrir los costos completos de suministro de los servicios de agua y de saneamiento. Las empresas Lo Castillo, Manquehue y Villa Los Dominicos no quebraron porque se aprovecharon de las subvenciones presupuestarias del agua otorgadas por los urbanizadores, gracias a los ingresos procedentes de la venta de terrenos y edificios. 106En 1960 mismo, en su discurso presidencial, Jorge Alessandri reconocía “el gravísimo problema que representa las deficiencias de agua potable y alcantarillado en numerosas ciudades del país”.