Solo las regiones de Santiago y de Valparaíso permanecen gestionadas por empresas autónomas de derecho público (EMOS y ESVAL). Para ambos casos, el SENDOS actúa como ente regulador, definiendo las estructuras tarifarias, estableciendo las normas, controlando los presupuestos y los resultados (Aguas Andinas, 2000). En primer lugar, analizaremos los papeles respectivos de las políticas de la vivienda y de las primeras reformas del servicio en la universalización del acceso al agua potable a lo largo de los ochenta. Mientras que los servicios urbanos de las ciudades europeas o norteamericanas se han universalizado desde finales de los años ’30 (Tarr y Dupuy, 1988), las ciudades de los países en desarrollo se enfrentan a un subequipamiento en redes domiciliarias en relación a los estándares de los países del norte. Por una parte, las ciudades de los países desarrollados habrían conocido, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, un ideal sodimac plomeria moderno de integración territorial a través de las redes, promovido por servicios integrados, monopolísticos y de propiedad pública (Graham y Marvin, 2001)1.
La gran epidemia de cólera que afectó con virulencia al país entre 1886 y 1888 llevó a las autoridades a darle debida importancia a la deplorable situación sanitaria de las ciudades, especialmente a sus sistemas de agua potable y alcantarillado. Santiago se abastecía, por ejemplo, principalmente de agua proveniente del río Mapocho22, la que ni siquiera period potable23. Solo en las grandes ciudades, Santiago y Valparaíso, se había avanzado con redes de agua potable canalizadas con tubos de steel que permitían suministro domiciliario a las viviendas principales y edificios públicos24, en iniciativas normalmente lideradas por los gobiernos locales (i.e. municipios) en conjunto con el sector privado, y principalmente restringidas al centro de las ciudades 25. También fueron realizadas entrevistas complementarias a técnicos y responsables de la distribución del agua, de la regulación del sector y algunos representantes del gobierno.
En resumen, el Estado recaudó US$1.924 millones en este proceso de traspaso de las empresas sanitarias al sector privado y comprometió una suma similar para inversiones sanitarias, especialmente en plantas de tratamiento de aguas servidas152, quedando además con el 39% de la propiedad de las empresas sanitarias. Sin embargo, el año 2003 el presidente Lagos derogó el 35% de participación accionaria que mantenía el Estado, facilitando así el camino para la total venta de los activos sanitarios del Estado, reducidos a un 5% el 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera153. De esta forma 7 grupos económicos, nacionales y extranjeros, tomaron el management de las principales empresas sanitarias del país, que atendían en su conjunto al 93% de los clientes sanitarios del país, como se observa en el siguiente cuadro. Las tarifas que surgieron tras la aplicación del nuevo modelo tarifario fueron demasiado elevadas conforme a las vigentes, razón por la cual se procedió a establecer su aumento paulatino hasta alcanzar la tarifa real en un plazo de 5 años. En 1996 se realizó una nueva alza de tarifas conforme el nuevo modelo tarifario, esta vez sin considerar un alza gradual.
Por su parte, se observa también un acelerado proceso de convergencia regional para ambos servicios (Tabla 6), muy distinto a la situación mostradas en los gráficos 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Las tasas de crecimiento de cobertura urbana de agua potable y alcantarillado fueron las más altas del siglo126. La lentitud para avanzar en los servicios de alcantarillado llevó al gobierno a dictar decretos para obligar a la población con servicio de agua potable a instalar fosas sépticas y letrinas en sus domicilios, estableciéndose ayuda estatal para las propiedades de bajo avalúo fiscal76. Por otra parte, en materia financiera, las administradoras de los servicios sanitarios estaban presentando déficits permanentes debido a las bajas tarifas. Para tratar de mejorar estos déficits se estableció que los establecimientos fiscales, municipales, educacionales y de beneficencia que tenían gratuidad en los servicios de agua potable solo tendrían un límite de consumo en la gratuidad y el exceso debía ser pagado77. Asimismo, a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, gran consumidor de agua a lo largo del país, se le quitó la gratuidad por considerarla una empresa comercial78.
A pesar de estas restricciones presupuestarias, el siguiente gráfico nos muestra las importantes inversiones de la DOS en obras sanitaria entre 1965 y 1976, las que promediaron US$68 millones anuales en dicho periodo. Dado el bajo nivel de ingresos del país, y su baja recaudación fiscal, lo anterior no era de extrañar. De todas las políticas de salud pública, quizás las relacionadas con provisión de agua potable y alcantarillado son las que requieren de mayor inversión por parte de los estados8, lo que en países en desarrollo dificulta avances sustantivos en esta materia, en especial en América Latina donde el sector ha sido históricamente postergado9. Lo que sí sorprende es que es bien sabido que resulta más económico para un país invertir en obras sanitarias que atender pacientes afectados por enfermedades contraídas por pobres sistemas sanitarios10. La primer gran reforma del sector agua-saneamiento information de 1977 con la creación del SENDOS (Servicio Nacional de Obras Sanitarias), reagrupando el conjunto de servicios del sector, hasta entonces dispersos en varios ministerios, bajo la tutela reforzada del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Así, entre 1977 y 1989, el SENDOS es encargado de la administración y explotación de las redes de agua potable y de saneamiento en todo el país, a través de once direcciones regionales.
Respeto de la evacuación de las aguas sucias y las fecas humanas, se usaba el sistema de acequias, una red de pequeños canales abiertos que atravesaban las urbes, para luego conectarse a un canal que las trasladaba fuera de la ciudad para su depósito en algún río, o en el mar en el caso de las urbes costeras. Sin embargo, las acequias eran también depósitos de todo tipo de basuras, que producían tacos y el desborde de sus aguas fecales, con la consiguiente contaminación del entorno26. Por ejemplo, en Antofagasta, antes del alcantarillado, se reportaba que “servicio de desagüe no existe de ninguna especie. El sistema de alejamiento de las aguas servidas es muy primitivo; es decir, de depósitos que se vacían semanalmente en los carretones de basura.
En el convencimiento de que esto reduciría los problemas de salubridad pública, se privilegió una política tarifaria de bajo costo, inclusive si ello implicaba la generación de déficits operacionales y una alta dependencia del presupuesto público. El sistema solo se privatizó hacia fines del siglo XX, cuando la tasa de cobertura ya era superior al 90% para agua potable y alcantarillado, lo que a su vez aportó nuevas inversiones que permitieron alcanzar un 100% de cobertura en 2012 en AP, ALC y TARU. A pesar de lo anterior, el porcentaje de población cubierta con agua potable y alcantarillado aumentó sostenidamente.
El resultado de este nuevo proceso tarifario fue que la tarifa media, es decir la razón entre los ingresos por explotación y el volumen de agua facturado, creció sostenidamente entre 1989 y1997, en un 64% y, entre 1997 y 2000, en un 112% adicional142. El consumo de agua potable de la población chilena dejaba así de ser subsidiado universalmente, para pasar a subsidio focalizado en los sectores de menos recursos. O, dicho de otro modo, los clientes más pudientes iban a financiar, a través de mayores pagos, los subsidios focalizados, así como inversiones futuras del sector. Ya en 1990, el primer presidente luego del retorno a la democracia sostenía en su primer discurso presidencial que “en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios”143.
Después de esto, realizaremos la recepción de las obras en terreno, emitiendo el Certificado de Urbanización. Desde el Palacio de La Moneda y sus balcones hemos logrado reconstruir nuestra democracia, y desde ellos miramos a nuestro país y trabajamos por lograr un mejor futuro para sus personas. La empresa puede negarse a desobstruir una unión domiciliaria, si en sus procedimientos considera que el recurrente debe, previo a la ejecución del trabajo, firmar la solicitud respectiva y éste no la firma. También pueden solicitar al cliente firmar la aceptación del cobro por dicha prestación como una forma de asegurarse el pago.
Todas las boletas y facturas de consumo de agua potable, tendrán un vencimiento para el día 20 del mes siguiente a su emisión, fecha que sale claramente indicada en su boleta. La fórmula establece que, por cada día sin suministro, las empresas deben descontar un monto equivalente a diez veces el valor promedio diario de lo facturado en el estado de cuenta anterior al de la respectiva suspensión del servicio. La Ley del Consumidor, en su artículo 25 A, establece que las empresas deben descontar obligatoria, directa y automáticamente el tiempo que los consumidores estuvieron sin servicio. Alcaldesa Carolina Tohá inspeccionó esta mañana las faenas, que tienen un costo de 140 fontaneros cercanos millones de pesos y que posibilitarán mantener en forma permanente esta nueva infraestructura para futuros eventos.