Según los datos de la Inspección, en 1924 la misma administraba servicios de agua potable de Arica a Chiloé en 77 centros urbanos y de alcantarillado en eleven, a los que habría que sumar los servicios de agua potable y alcantarillado de Santiago, Valparaíso y Punta Arenas de administración municipal. Seis años más tarde, 1930, los servicios de agua potable administrados por la Inspección solo habían aumentado a eighty two y los de alcantarillado a 1973. Respecto del alcantarillado, se sumaron, con obras terminadas, los de San Felipe, Cartagena y Temuco en 1929, y los de Rancagua, Parral, Osorno e Iquique en 1930.
50Tanto en Santiago como en Valparaíso escaseaba el agua debido a la sequía que afectó al país en años anteriores. 25Piwonka, Las aguas de Santiago de Chile…, Böttner, El fracaso de la Comuna Autónoma en Chile… Recién en 1898 las empresas municipales de agua potable de Santiago y Valparaíso pasaron a ser administradas por el fisco, y lo propio ocurrió en Concepción en 1907. En 1931 el ministerio del Interior procedió a una reorganización del servicio fiscal de agua potable y alcantarillado, dictando una ley orgánica (DFL 235) que convirtió a la Inspección en la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. Esta tendría a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con excepción de los dependientes de la Empresa de Agua Potable y la Dirección de Alcantarillado de Santiago. Los Intendentes tendrían amplias atribuciones para fiscalizar en sus respectivas provincias la marcha de estos servicios.
Al comenzar la década de 1990 el sistema sanitario nacional se regiría por un nuevo marco legal. La columna vertebral es la ley common de servicios sanitarios (1988) que estableció el régimen de concesión y de explotación de los servicios sanitarios; que reglamentó las relaciones entre las empresas concesionarias, el Estado y los usuarios; y que estructuró la fiscalización del sector por parte de una Superintendencia de Servicios Sanitarios. Para ir en ayuda de los grupos familiares o clientes residenciales de escasos recursos se estableció por ley un subsidio directo al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. También se creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como un organismo eminentemente técnico, normativo y fiscalizador del sistema sanitaria público y privado138. Los servicios de agua potable y alcantarillado administrados por la Dirección solo alcanzaban a financiar sus gastos operacionales, pero no amortizaban sus inversiones e interés involucrados, razón por lo cual estaban en constantes déficits.
A cambio, el nuevo sector sanitario, ahora bajo la gestión del sector privado, debió realizar importantes inversiones, según planes de desarrollo ya comprometidos, para la modernización del sistema sanitario, como se observa en el siguiente gráfico. Entre 1999 y 2012 la mayor parte de las inversiones estuvo destinada a la construcción de plantas de tratamientos de las aguas servidas de los alcantarillados urbanos, además de nuevas inversiones en las ya consolidadas redes de agua potable y alcantarillado. Este último año (2012), había a lo largo del país 270 plantas de tratamientos de aguas servidas de alcantarillados urbanos, las que permitían una cobertura del 99 alsan alcantarillado,8%, i.e. pseudo universal154.
Sin embargo, en las redes de alcantarillado se avanzaba más lentamente, pues, antes de 1913 se reportaba obras concluidas solo en Santiago y Valparaíso. En Concepción, recién en 1907 se recibieron las primeras propuestas para la construcción del alcantarillado56. Asimismo, entre 1907 y 1912 el gobierno solicitó propuestas de construcción para Talca, Antofagasta, Mejillones, Linares, Curicó, Chillán, Taltal, La Serena y Quillota.
Al año 2015, de las 20 repúblicas latinoamericanas, solo three tenían acceso “básico”1 casi common (i.e. más de 99% de la población) a agua potable “mejorada”2 y provista por cañerías (Chile, Costa Rica y Uruguay). Para el mismo año, dentro de Latinoamérica, solo Chile disfrutaba de una cobertura casi common de acceso (no compartido) a servicios básicos de deposición de excrementos, teniendo además la tasa más alta de conexión a sistemas de alcantarillado3. Finalmente, Chile también disfruta hoy del mayor porcentaje de tratamiento de aguas servidas de la región (siendo universal en áreas urbanas), muy distante de la mayor parte del resto de los países latinoamericanos en este último indicador. Con todo, es posible concluir que, dentro de la región, Chile disfruta hoy del mejor acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas, alcanzando la casi universalidad en cada uno de estos tres indicadores desde el año 2012, ubicando a dicho país casi al mismo nivel que cualquier país desarrollado. El gráfico sixteen muestra la participación de enfermedades propias de la pobreza dentro del complete de muertes de Chile. Se incluyen no solo los decesos causados por diarreas, tifus, fiebre tifoidea, disentería, sino también aquellos causados por enfermedades infecciosas como tuberculosis, neumonía y bronconeumonía, toda vez que es sabido que mejoras en sistemas sanitarios reducen no solo las muertes por enfermedades gastrointestinales, sino que todo tipo de enfermedades infecciosas que se contraen por sistemas inmunes deteriorados.
Unos años más tarde, otro artículo del mismo medio, estimaba que en las urbes chilenas, en un mundo “con agua potable y desagües, la mortalidad descendería desde 38 a 40 por mil a 3 o 4 por mil”. Para Antofagasta solamente, a raíz de un rezago en la puesta en marcha del alcantarillado de dicha ciudad, “según la opinión de los médicos de Antofagasta… mil vidas cuesta el no funcionamiento del alcantarillado”. Con la implementación de estas reformas la dictadura pretendía pavimentar la privatización del sector sanitario. Sin embargo, el comienzo del camaras de alcantarillado sodimac fin de dictadura tras el plebiscito de 1988 y, el posterior retorno a la democracia tras la elección presidencial de 1989, no generaron un ambiente político y empresarial idóneo para tales efectos. Lo que sí señalaron estas reformas fue el fin de la acción del MOP en el desarrollo del sector sanitario a través del SENDOS, que desde 1953 a 1990, logró aumentar sostenidamente la cobertura urbana de agua potable del país. La mayor inversión del MOP estuvo relacionada con asegurar el suministro de agua potable para la megaciudad en que se estaba convirtiendo Santiago.
Ley 2.106, de 05 de marzo 1908, El Congreso autoriza al presidente de la República para que contrate en licitación pública la construcción de los alcantarillados en las ciudades de la República que tengan más de diez mil habitantes. Persistía, aún, la deuda con los sectores rurales no concentrados, así como con el tratamiento de aguas servidas de las grandes urbes. Y, de hecho, un punto poco destacado por la historiografía, pero que no escapó al análisis hecho por el presidente Patricio Aylwin en su primer discurso presidencial, es que un lado negativo del aumento de provisión de alcantarillado, en un país sin tratamiento de aguas servidas, era que “en la misma medida en que lo ha hecho, se han ido complicando los problemas de disposición de las aguas servidas”127. El riego de cultivos destinados a consumo humano, con aguas contaminadas, era pan de cada día. A través del SENDOS, el Estado cumplía al mismo tiempo los roles subsidiarios, normativo, fiscalizador y prestador de servicios sanitarios.
En efecto, tan tarde como en 1915, el gobierno reconocía que “en la gran mayoría de las poblaciones en que se ha instalado el servicio de agua potable no existe servicio de desagües, sea este formado por alcantarillas o por acequias”88. La intervención del Estado en el servicio de agua potable y alcantarillado significó que los municipios entregaran la gestión de estos servicios a instituciones estatales, específicamente a los ministerios del Interior y de Obras Públicas48. En este último ministerio fue la Inspección General de Hidráulica, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, la institución encargada de realizar los estudios y presupuestos sobre agua potable y alcantarillado, tanto para dotar de estos servicios a nuevos poblados como para el mejoramiento, mantención o ampliación de los mismos en centros urbanos que ya contaran con ellos. Una vez autorizados estos estudios y presupuestos por parte del ministerio del Interior, la Inspección General de Hidráulica procedía a la ejecución de las obras mediante la licitación pública de estas a contratistas privados.
La nueva institución estaba encargada de los sistemas sanitarios fiscales, tanto urbanos como rurales concentrados, con excepción de la Región Metropolitana y la Quinta Región, donde operaban EMOS y ESVAL120. “la estadística acusa en el último año un aumento en la natalidad y una disminución en la mortalidad… Estos resultados se deben indudablemente, al mejor estado sanitario que ha ido procurando al país la implantación en las principales ciudades de los servicios de agua potable y desagües. En vista de que no todos los habitantes de las ciudades y pueblos donde llegaba el servicio de agua potable procedían con la prontitud deseada por las autoridades a su conexión domiciliaria, socavando así la política sanitaria y su gran inversión, se procedió a dictar una ley que hacía obligatoria la conexión y servicio de agua potable. Efectivamente, la ley 3.092 de 1916 señalaba que, en todas las poblaciones dotadas de servicio de agua potable por el Estado o las municipalidades, sería obligación de todos los propietarios instalar arranques domiciliarios para el servicio de sus respectivos inmuebles. Por último, establecía multas para quienes no pagaran el servicio y los mecanismos para su cobro por vía judicial66.