Por esta época los sistemas de suministro de agua potable seguían los patrones coloniales, que básicamente consistían en trasladar mediante una canalización de cal y ladrillos aguas de quebradas, vertientes, posos o ríos, para ser distribuidas a los habitantes de ciudades y pueblos mediante acueductos que se conectaban a las pilas de agua ubicadas en distintos lugares de la urbe, siendo en general aguas de mala calidad. Santiago se abastecía, por ejemplo, principalmente de agua proveniente del río Mapocho22, la que ni siquiera period potable23. Solo en las grandes ciudades, Santiago y Valparaíso, se había avanzado con redes de agua potable canalizadas con tubos de metal que permitían suministro domiciliario a las viviendas principales y edificios públicos24, en iniciativas normalmente lideradas por los gobiernos locales (i.e. municipios) en conjunto con el sector privado, y principalmente restringidas al centro de las ciudades 25. Dentro de la población rural, el Programa estaba enfocado en abastecer de agua potable a la población rural “concentrada”, la que se definía como aquella que contaban con una población mínima de 100 habitantes y un máximo de 1.000 y una concentración de 40 viviendas por km de la futura red de agua potable. El Programa promovió la constitución de la misma comunidad organizada como eje central de la gestión de los sistemas de agua potable, bajo un esquema participativo y social fundado en las cooperativas rurales de agua potable, que resultó bastante dinámico112.
Constituirían las entradas de las empresas de agua potable y alcantarillado, el producto de la contribución de desagües establecido por la ley de 1896, y el producto del consumo del metro cúbico de agua potable, cuyo precio era fijado por el Estado. Asimismo, se dictarían los reglamentos necesarios para la explotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, con el fin de garantizar su conservación y de que sus rentas se destinaran a su mejoramiento y ensanche. Sobre estas bases se estructuró la intervención del Estado en el suministro de agua potable y alcantarillado de las ciudades y pueblos del país, quedando fuera de esta intervención el mundo rural y los pueblos con menos de cinco mil habitantes, los que representaban, sin embargo, alrededor del 70% de la población chilena en aquella fecha. De esta forma, en las primeras décadas del siglo XX, el Estado realizó importantes inversiones para dotar de agua potable y alcantarillado a los principales centros urbanos del país, y/o ampliar su cobertura. En Santiago, capital del país, con 332 mil habitantes en 1907, se procedió a realizar estudios para aprovechar las aguas de la cordillera, específicamente de la Laguna Negra y del estero El Manzano, las cuales mediante un decreto del Ministerio de Obras Públicas se reservaron para los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad50. Después de varios años de estudios, en 1913 se contrató la ejecución de las obras de captación de ambos afluentes, distante a 87 kilómetros de la ciudad, estando terminadas tres años más tarde.
Asimismo, en el Discurso Presidencial de 1988 sostuvo que “la cobertura de agua potable en población urbana, que en 1970 solo alcanzaba a un 66,5%, llega hoy a un 97% de los hogares chilenos”. En su último discurso presidencial (1989) el dictador reiteraba que “cabe recordar que en 1973 las tasas de cobertura de agua potable y alcantarillado apenas alcanzaban a 69% y a un 36%, respectivamente. Hoy, en cambio, la cobertura de agua potable es casi de un 100 percent y la de alcantarillado de un 77%”.
El consumo de agua potable de la población chilena dejaba así de ser subsidiado universalmente, para pasar a subsidio focalizado en los sectores de menos recursos. O, dicho de otro modo, los clientes más pudientes iban a financiar, a través de mayores pagos, los subsidios focalizados, así como inversiones futuras del sector. Ya en 1990, el primer presidente luego del retorno a la democracia sostenía en su primer discurso presidencial que “en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios”143.
Estas inversiones venían a resolver una sostenida demanda de agua potable de la ciudad, que entre 1940 y 1965 estaba triplicando su consumo102. 161Respecto de la provisión de agua potable, y un tema que no alcanzamos a cubrir en profundidad, se debe señalar también la inversión importante en embalses para asegurar el suministro de la población, en explicit una vez que la red de cañerías había alcanzado una dimensión casi common. 104Asimismo, debemos destacar que durante este periodo también proliferaron pequeños servicios de agua potable privados. Se estima que en 1958, del total de la población que disfrutaba agua potable en sus hogares, un 18% period abastecida por servicios particulares, y el 82% restante por fiscales. 79Decreto con Fuerza de Ley 235, de 1931, Aprueba la organización de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Por ejemplo, en Antofagasta, antes del alcantarillado, se reportaba que “servicio de desagüe no existe de ninguna especie. El sistema de alejamiento de las aguas servidas es muy primitivo; es decir, de depósitos que se vacían semanalmente en los carretones de basura. Las emanaciones que con este motivo se mantienen diariamente en la ciudad son, como se comprende, otros grandes focos de infección”27. Lo mismo ocurría en ciudades que, aun teniendo acequias, se veían afectadas por sequías, que “secaban” el curso de las mismas28. 156Chile fue el primer país de la región en alcanzar un 100% alcantarillas prefabricadas de cobertura en tratamiento de aguas servidas urbanas. 125En el Discurso Presidencial de 1983, por ejemplo, Pinochet se vanagloriaba de estar “a la vanguardia en América Latina en esta materia”.
Concluidas las obras de agua potable y alcantarillado, estas quedaban a cargo del ministerio del Interior para su administración49. 106En 1960 mismo, en su discurso presidencial, Jorge Alessandri reconocía “el gravísimo problema que representa las deficiencias de agua potable y alcantarillado en numerosas ciudades del país”. A eso sumamos el impacto negativo que causó el terremoto de 1960, que ralentizó nuevas inversiones en los años inmediatamente posteriores al mismo, dada la urgencia de invertir en reparaciones de las obras públicas del país. Respecto del, otrora postergado mundo rural, hacia 2017 el mismo representaba un 12% de la población nacional, totalizando unos 2,3 millones de habitantes.
61Páez, Abastecimiento de agua potable…; Alegría y Celedón, «Historia del sector sanitario chileno», 1-55. 44Illanes, «Obras de agua potable en construcción», 13-33; Böttner, El fracaso de la Comuna Autónoma en Chile… Unos meses después, en enero de 1887, la comisión recomendó al Gobierno una Ordenanza General de Salubridad, la cual convertía a la comisión en una Junta General de Salubridad para estudiar y proponer medidas para contener la propagación de las epidemias. Para la aplicación de estas medidas se formarían en todas las capitales “Juntas Departamentales de Salubridad” que actuarían según las instrucciones emanadas de la Junta General30. Luego la Ordenanza procedía a dictar un conjunto de normas relativas al aseo y salubridad31.
En cualquier caso, esta política pública sanitaria estuvo guiada por el convencimiento de sucesivos gobiernos que dotar a la población de sistemas sanitarios modernos era la medida más eficaz de prevenir y combatir las epidemias y enfermedades ligadas a la falta de salubridad, y que causaban tan alta tasa de mortalidad en la población. Así, la estrategia adoptada fue comenzar con la provisión del suministro de agua potable en las ciudades con mayor número de habitantes, y, una vez dotado de este servicio, proceder a la instalación de alcantarillado. Acto seguido, pero con bastante rezago, el sector rural comenzó a ser atendido en ambos frentes, generando desigualdad geográfica por largo tiempo. Luego de un largo camino recorrido, Chile logró una cobertura de casi 100% de plomeria tanto de la provisión de agua potable161, como de alcantarillado y tratamientos de aguas servidas urbanas, además de altas coberturas para la población rural en estos servicios. Todo lo anterior fue principalmente fruto del trabajo de organismos del estado durante varias décadas, salvo el tratamiento de aguas servidas, que un proceso más bien tardío e implementado por el sector privado luego de un profundo proceso de privatización. A partir de 1995 el gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz Tagle desarrolló una política económica para generar un proceso sistemático de privatización del sistema sanitario estatal.
En efecto, una vez que los servicios entraban en operaciones se entregó un subsidio universal al consumo mediante bajas tarifas. Dicha política se justificó argumentando que brindar acceso al agua potable y alcantarillado a bajo costo a la mayor población posible mejoraba la salubridad y prevenía enfermedades relacionadas con la falta de higiene a toda la población del país. En resumen, el Estado recaudó US$1.924 millones en este proceso de traspaso de las empresas sanitarias al sector privado y comprometió una suma comparable para inversiones sanitarias, especialmente en plantas de tratamiento de aguas servidas152, quedando además con el 39% de la propiedad de las empresas sanitarias. Sin embargo, el año 2003 el presidente Lagos derogó el 35% de participación accionaria que mantenía el Estado, facilitando así el camino para la whole venta de los activos sanitarios del Estado, reducidos a un 5% el 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera153. De esta forma 7 grupos económicos, nacionales y extranjeros, tomaron el management de las principales empresas sanitarias del país, que atendían en su conjunto al 93% de los clientes sanitarios del país, como se observa en el siguiente cuadro.