Además, se accedió a nuevos créditos internacionales del BIRF y el BID para aumentar la inversión sanitaria en la renovación y ampliación de la cobertura urbana y rural de agua potable y alcantarillado. Tras el retorno a la democracia, con los gobiernos de la “Concertación” el impulso privatizador del sistema sanitario estatal se suspendió, tanto por la presión de los sindicatos de las empresas sanitarias como de sectores de la alianza gobernante. De esta forma las empresas sanitarias estatales comenzaron a operar conforme normas pensadas para el sector privado, las cuales les ofrececían una serie de incentivos y herramientas para mejorar su gestión. La principal de ellas es la fijación de tarifas que no solo le permiten autofinanciarse, sino que también obtener utilidades140.
De este modo, en 1923 se terminaron los alcantarillados de Arica y Tocopilla, y en 1925 el de Talcahuano. Sin embargo, ya había logrado dotar de sistemas de agua potable a 199 localidades rurales concentradas, con una inversión total de US$6 millones114. Con todo, el aumento de cobertura pasó de un 6% en 1960 a un 31% en 1970 para dichas localidades115. Junto con esta gran inversión, el MOP, a través de la DOS, realizó inversiones adicionales para ampliar sus servicios de agua potable y alcantarillado a lo largo del país, pasando de administrar fifty nine servicios de agua potable y alcantarillado y 60 solo de agua potable, en 1949, a 118 y 150 en 1976, respectivamente, como se observa en el siguiente cuadro. Particularmente activo fue el gobierno de Frei Montalva, que gracias a la implementación de un plan quinquenal103, logró aumentar en más de 40 los servicios de agua potable administrados por el fisco104.
Respecto de la estructura del mercado, las empresas estatales representaban el 93,1% del mercado de agua potable urbana y el ninety two,7% del de alcantarillado, siendo el resto cubierto por empresas privadas y una municipal (Maipú), como se observa en el siguiente cuadro. 144Valenzuela y Jouravlev, Servicios de agua potable…,19-20; Celedón y Alegría, «Análisis del proceso de privatización», eighty one. 74Por largo tiempo el gobierno central trató de conseguir agua potable desde la cordillera para abastecer a Antofagasta, incluso apelando al apoyo de empresas privadas (salitreras). 65Posteriormente, en 1935 se dictó la ley 5.613 “que financia las obras domiciliarias de alcantarillado y agua potable con préstamos a largo plazo hechos por la Caja Nacional de Ahorros”, e inspirada en “un alto espíritu de justicia social”.
Sin embargo, este sistema de concesión a los privados tuvo poco éxito dado las bajas tarifas de agua potable y alcantarillado que fijaba el gobierno, haciendo poco atractiva estas inversiones. A pesar de lo anterior, surgieron algunas concesiones privadas en balnearios costeros como Zapallar, Santo Domingo y Papudo o en pueblos pequeños como Yumbel, Chañaral, Pica, El Arrayan, y Las Cenizas, o para abastecer algunos sectores de ciudades no atendidos por las empresas fiscales, como el sector de Colón en Santiago, una parte de la ciudad de Iquique82 y otra de Taltal. En otros casos, empresas privadas realizaban aportes para complementar las obras financiadas por el fisco, como fue el caso en Tomé de la empresa local alcantarillas prefabricadas Fábrica de Paños de Tomé84. La acción de ambas instituciones fue efectiva en hacer ver al gobierno la urgencia de tomar medidas para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, planteadas como la principal acción para mejorar las malas condiciones de salubridad de los habitantes del país. Las autoridades políticas de la época parlamentaria tomaron conciencia de la problemática y procedieron a formular un conjunto de políticas públicas para una modernización de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Esto se debía a las bajas tarifas que fijaba el gobierno, las cuales se explicaban, según el director de la Dirección, porque “el Supremo Gobierno ha querido mantener la política de no ver en estos Servicios una fuente de entradas, sino un medio para mejorar el estado higiénico del país”93. En vista de lo anterior, las inversiones para la expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado seguían siendo financiados vía ley de presupuestos, que asignaba anualmente partidas para este fin94. De hecho, entre 1931 y 1943 se habían invertido con cargo a dicha ley la suma de 181,2 millones de pesos95. Este avance en cobertura de agua potable, alcantarillado y agua potable rural queda de manifiesto en los siguientes cuadros. En 1989 casi un 99%124 y un 83% de la población urbana ya period abastecida con agua potable y alcantarillado, respectivamente (Tabla 5), ubicando a Chile entre los mejores países de la región, lo que era exhibido como un logro por el régimen dictatorial125. Por su parte, se observa también un acelerado proceso de convergencia regional para ambos servicios (Tabla 6), muy distinto a la situación mostradas en los gráficos 1, 2, 3, 4, 6 y 7.
En complete, bajo la presidencia de Frei Montalva, se instalaron más de medio millón de nuevos arranques domiciliarios, y 322 mil arranques domiciliarios de alcantarillado en el sector rural chileno105. Como podemos observar, los servicios de agua potable aumentaron sostenidamente y, por detrás, los de alcantarillado86. Esto se explica porque era necesario primero contar con el agua potable para poder instalar los servicios de alcantarillado, pues estos necesitaban del agua para su limpieza, pero también por el mayor costo financiero de las obras de alcantarillado. Si bien ambas demandan altos niveles de inversión, las obras de agua potable son siempre más costosas que las de alcantarillado87.
De todas las políticas de salud pública, quizás las relacionadas con provisión de agua potable y alcantarillado son las que requieren de mayor inversión por parte de los estados8, lo que en países en desarrollo dificulta avances sustantivos en esta materia, en especial en América Latina donde el sector ha sido históricamente postergado9. Lo que sí sorprende es que es bien sabido que resulta más económico para un país invertir en obras sanitarias que atender pacientes afectados por enfermedades contraídas por pobres sistemas sanitarios10. Las tarifas que surgieron tras la aplicación del nuevo modelo tarifario fueron demasiado elevadas conforme a las vigentes, razón por la cual se procedió a establecer su aumento paulatino hasta alcanzar la tarifa actual en un plazo de 5 años. En 1996 se realizó una nueva alza de tarifas conforme el nuevo modelo tarifario, esta vez sin considerar un alza gradual. El resultado de este nuevo proceso tarifario fue que la tarifa media, es decir la razón entre los ingresos por explotación y el volumen de agua facturado, creció sostenidamente entre 1989 y1997, en un 64% y, entre 1997 y 2000, en un 112% adicional142.
Se instalaban pequeños sistemas, que en lo elementary extraían agua de un pozo o vertiente, la cual period tratada en una planta de filtro y cloración, para luego ser bombeada desde un estanque de almacenamiento a la red de agua potable de la comunidad, quedando su administración, operación y mantención a cargo de la cooperativa113. Las tarifas de los servicios de agua potable se fijarían de modo que con el producto de todos los servicios se cubrieran los gastos de explotación, se atendiera a la conservación, mejoramiento y ensanche de las instalaciones, y se pagasen los intereses y la amortización de las sumas invertidas en la construcción de las obras. Los consumidores en los servicios de agua potable estarían obligados a pagar una tarifa mínima correspondiente al diámetro del arranque fijado por el Administrador, aunque no hubiera habido consumo, pues ese period el derecho que debía pagarse por tener instalado el servicio. También mantenía la obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado una vez disponible el servicio en un plazo de un año80.
En 1964 el propio MOP reconocía que de la población residente en ciudades que tenían algún tipo de alcantarillado (un 45% del whole de Chile), solo un 54% de la misma disfrutaba de alcantarillado domiciliario, un 14% podría (potencialmente) unirse a la red si se realizaban conexiones a la red actual, y otro 22% podría soñar con disfrutar de este servicio si se realizaban trabajos de ampliación. Asimismo, un 10% de la población de estas ciudades se catalogaba como que “no puede servirse de alcantarillado”, condenada a la insalubridad. A pesar de estas dificultades, al last alcantarillas tubulares de concreto del periodo cubierto en esa sección, en 1952 un 48% de la población chilena tenía acceso a agua potable, mientras que un 33% disfrutaba de alcantarillado, bastante más que a principios de siglo.
En este contexto, se procedió, mediante el decreto ley 2.050 de 1977, a la creación del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), con el fin de “reorganizar este sector de la ingeniería sanitaria, a fin de lograr un aporte eficiente y económico a los planes sociales de fomento y desarrollo del país”117. Se creaba como una institución autónoma del Estado de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio distinto del Fisco, de duración indefinida, desconcentrada territorialmente y que se relacionaría con el Gobierno a través del MOP. Para este efecto se fusionaron en el SENDOS, la DOS del MOP, la Oficina de Saneamiento Rural del Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Ingeniería Sanitaria del Departamento de la Vivienda de la Corporación de la Reforma Agraria118. A pesar de estos avances, persistía una deuda histórica en materia de cobertura de alcantarillado, incluso para poblaciones urbanas.