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Se demuestra que el Estado y las instituciones públicas tuvieron un rol central en el desarrollo de proyectos destinados a la universalización de la infraestructura sanitaria. En el convencimiento de que esto reduciría los problemas de salubridad pública, se privilegió una política tarifaria de bajo costo, inclusive si ello implicaba la generación de déficits operacionales y una alta dependencia del presupuesto público. El sistema solo se privatizó hacia fines del siglo XX, cuando la tasa de cobertura ya era superior al 90% para agua potable y alcantarillado, lo que a su vez aportó nuevas inversiones que permitieron alcanzar un 100% de cobertura en 2012 en AP, ALC y TARU. Finalmente, luego de un largo recorrido iniciado más de un siglo atrás, en la segunda década del siglo XXI el sistema sanitario nacional logró alcanzar niveles de cobertura sanitaria (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas urbanas) de un 100 percent elementos de alcantarillado, como se observa en el siguiente gráfico. Entre estas medidas cabe mencionar la fijación de tarifas que no solo les permitieron autofinanciarse, sino que también obtener utilidades y realizar inversiones que llevaron las coberturas de agua potable y alcantarillado urbano al 99,3% y ninety one,6%, respectivamente.

empresa de agua potable y alcantarillado

A eso sumamos el impacto negativo que causó el terremoto de 1960, que ralentizó nuevas inversiones en los años inmediatamente posteriores al mismo, dada la urgencia de invertir en reparaciones de las obras públicas del país. Persistía, aún, la deuda con los sectores rurales no concentrados, así como con el tratamiento de aguas servidas de las grandes urbes. A pesar de estos avances, persistía una deuda histórica en materia de cobertura de alcantarillado, incluso para poblaciones urbanas.

De este modo, en 1923 se terminaron los alcantarillados de Arica y Tocopilla, y en 1925 el de Talcahuano. La intervención del Estado en el servicio de agua potable y alcantarillado significó que los municipios entregaran la gestión de estos servicios a instituciones estatales, específicamente a los ministerios del Interior y de Obras Públicas48. En este último ministerio fue la Inspección General de Hidráulica, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, la institución encargada de realizar los estudios y presupuestos sobre agua potable y alcantarillado, tanto para dotar de estos servicios a nuevos poblados como para el mejoramiento, mantención o ampliación de los mismos en centros urbanos que ya contaran con ellos. Una vez autorizados estos estudios y presupuestos por parte del ministerio del Interior, la Inspección General de Hidráulica procedía a la ejecución de las obras mediante la licitación pública de estas a contratistas privados. Concluidas las obras de agua potable y alcantarillado, estas quedaban a cargo del ministerio del Interior para su administración49. ¿Cuál es el nuevo mecanismo para obtener el Certificado de Factibilidad técnica para instalar los servicios de agua potable y alcantarillado en una población?

En efecto, una vez que los servicios entraban en operaciones se entregó un subsidio universal al consumo mediante bajas tarifas. Dicha política se justificó argumentando que brindar acceso al agua potable y alcantarillado a bajo costo a la mayor población posible mejoraba la salubridad y prevenía enfermedades relacionadas con la falta de higiene a toda la población del país. En resumen, el Estado recaudó US$1.924 millones en este proceso de traspaso de las empresas sanitarias al sector privado y comprometió una suma related para inversiones sanitarias, especialmente en plantas de tratamiento de aguas servidas152, quedando además con el 39% de la propiedad de las empresas sanitarias. Sin embargo, el año 2003 el presidente Lagos derogó el 35% de participación accionaria que mantenía el Estado, facilitando así el camino para la total venta de los activos sanitarios del Estado, reducidos a un 5% el 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera153.

Respeto de la evacuación de las aguas sucias y las fecas humanas, se usaba el sistema de acequias, una red de pequeños canales abiertos que atravesaban las urbes, para luego conectarse a un canal que las trasladaba fuera de la ciudad para su depósito en algún río, o en el mar en el caso de las urbes costeras. Sin embargo, las acequias eran también depósitos de todo tipo de basuras, que producían tacos y el desborde de sus aguas fecales, con la consiguiente contaminación del entorno26. Por ejemplo, en Antofagasta, antes del alcantarillado, se reportaba que “servicio de desagüe no existe de ninguna especie. El sistema de alejamiento de las aguas servidas es muy primitivo; es decir, de depósitos que se vacían semanalmente en los carretones de basura.

Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad. Se enviará un enlace a tu dirección de correo electrónico para establecer una nueva contraseña. La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) controla que Sasipa cumpla con la normativa vigente respecto a la calidad del agua potable, garantizando que el agua suministrada a la población sea apta para el consumo humano. Lo anterior llevado a condominio y edificios hace referencia hasta el medidor common del condominio, siendo exclusivamente responsabilidad de la empresa distribuidora realizar las reparaciones.

Las emanaciones que con este motivo se mantienen diariamente en la ciudad son, como se comprende, otros grandes focos de infección”27. Lo mismo ocurría en ciudades que, aun teniendo acequias, se veían afectadas por sequías, que “secaban” el curso de las mismas28. Empresa sanitaria que extrae, purificar y entrega agua potable, además de recolectar y tratar adecuadamente las aguas servidas de los hogares para luego disponerlas saneadas en el medio ambiente, a más de 650 mil clientes en la Región de Valparaíso, a través de forty six sistemas productivos de agua potable y 30 sistemas de tratamiento de agua servidas. A través del SENDOS, el Estado cumplía al mismo tiempo los roles subsidiarios, normativo, fiscalizador y prestador de servicios sanitarios. Este sistema “operaba de manera centralizada en materia de la planificación de inversiones, asignación de recursos y fijación de tarifas, siendo los SENDOS regionales sólo servicios operativos.

Entonces se debe pedir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios que evalúe la factibilidad técnica y económica de entregar el servicio al predio solicitado. Si la Superintendencia resuelve que sí es factible, entonces ella misma podrá entregar el certificado de factibilidad, y si no hay empresas dispuestas a hacer la instalación, en última instancia podrá obligar a la empresa sanitaria más cercana a dar este servicio. El certificado de factibilidad sanitaria es un documento que emite la empresa sanitaria, el cual indica principalmente la factibilidad de conexión de una propiedad a las redes de suministro de agua potable y/o de la recolección del alcantarillado. En el caso que se comprueba que el problema es ocasionado por terceros u obstrucción del conducto público, los trabajos no tendrán costos para el cliente y además la empresa sanitaria deberá realizar una sanitización donde haya ocurrido el derrame. Ante cualquier eventualidad que ocurra en el tramo correspondiente a la empresa sanitaria, si se determina que fue ocasionado por el mal uso del sistema de alcantarillado (trapos, papeles, basura, etc) se le hará un cargo al cliente por los trabajos realizados.

De esta forma 7 grupos económicos, nacionales y extranjeros, tomaron el control de las principales empresas sanitarias del país, que atendían en su conjunto al 93% de los clientes sanitarios del país, como se observa en el siguiente cuadro. En cualquier caso, los 128 servicios existentes en 1949 abarcaban las principales ciudades del país, pues la política pública había privilegiado los centros urbanos con poblaciones superiores a los cinco mil habitantes89. De hecho, el censo de 1952 señalaba la existencia de 65 ciudades con poblaciones sobre los cinco mil habitantes, la mayoría de ellas con población entre los 5 y los 50 mil habitantes, salvo Santiago (1,35 millones), Valparaíso (218 mil), Concepción (120 mil) y Viña del Mar (85 mil). De estas, todas tenían suministro de agua potable de parte de la Dirección, salvo Santiago y Punta Arenas, que dependían de empresas a cargo de sus municipios90. Luego existían 40 ciudades con población de entre mil y dos mil habitantes, donde la Dirección también brindaba servicios de agua potable91.

Respecto del alcantarillado, la ciudad puerto había comenzado la construcción de una purple de desagües de aguas servidas en 1884. Sin embargo, el terremoto de 1906 destruyó la pink y fue necesario comenzar su reconstrucción en los años siguientes, tarea que se encomendó a la Compañía de Desagües de Valparaíso54. Este artículo analiza los mecanismos y ritmos mediante los cuales se logró la casi universalización de los servicios de agua potable (AP), tratamiento de aguas residuales urbanas (TARU) y alcantarillado (ALC) en Chile, en un lapso de one hundred fontaneria y plomeria thirty años.

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