A partir de 2010, cuando ya se había alcanzado una gran cobertura de tratamiento de aguas servidas, las inversiones se concentraron en obras de reconstrucción de los daños causados por los terremotos de 2010 y 2015 a la infraestructura sanitaria, como también en plantas de agua potable para enfrentar la mega sequía que por más de una década afectaba al país155. En cualquier caso, los 128 servicios existentes en 1949 abarcaban las principales ciudades del país, pues la política pública había privilegiado los centros urbanos con poblaciones superiores a los cinco mil habitantes89. De hecho, el censo de 1952 señalaba la existencia de 65 ciudades con poblaciones sobre los cinco mil habitantes, la mayoría de ellas con población entre los 5 y los 50 mil habitantes, salvo Santiago (1,35 millones), Valparaíso (218 mil), Concepción (120 mil) y Viña del Mar (85 mil). De estas, todas tenían suministro de agua potable de parte de la Dirección, salvo Santiago y Punta Arenas, que dependían de empresas a cargo de sus municipios90.
Luego existían 40 ciudades con población de entre mil y dos mil habitantes, donde la Dirección también brindaba servicios de agua potable91. Respecto del servicio de alcantarillado, todas las ciudades con más de diez mil habitantes contaban con el mismo, cumpliéndose con la meta establecida, y se avanzaba con las ciudades de entre 5 y diez mil habitantes. Tan temprano como en 1937, el presidente de la república reportaba que “no hay población en el país con más de 5,000 habitantes que carezca de agua potable, y superior a 10,000 habitantes que no disponga de alcantarillado”92.
61Páez, Abastecimiento de agua potable…; Alegría y Celedón, «Historia del sector sanitario chileno», 1-55. 44Illanes, «Obras de agua potable en construcción», 13-33; Böttner, El fracaso de la Comuna Autónoma en Chile… Unos meses después, en enero de 1887, la comisión recomendó al Gobierno una Ordenanza General de Salubridad, la cual convertía a la comisión en una Junta General de Salubridad para estudiar y proponer medidas para contener la propagación de las epidemias. Para la aplicación de estas medidas se formarían en todas las capitales “Juntas Departamentales de Salubridad” que actuarían según las instrucciones emanadas de la Junta General30. Luego la Ordenanza procedía a dictar un conjunto de normas relativas al aseo y salubridad31.
El primero era un órgano consultivo donde convergieron médicos, ingenieros y políticos, que estudiaban y proponían al gobierno medidas para avanzar en la salubridad pública. El segundo era un organismo técnico encargado de hacer estudios científicos de higiene pública y privada, especialmente análisis químicos y bacteriológicos de las aguas potables de las principales ciudades del país32. De este modo, las primeras medidas de intervención estatal en la problemática sanitaria estuvieron relacionadas con el enfrentamiento de la epidemia de cólera que afectaba al país. Para este efecto, el gobierno decretó a fines de 1886 la formación de una comisión presidida por el ministro del Interior, que fue denominada Comisión de Higiene Pública para estudiar y recomendar medidas para enfrentar la epidemia. 76Ministerio de Interior, Memoria de la administración common alcantarillas tubulares de concreto de los servicios de agua potable y alcantarillado en explotación de 1930, 2-4. A partir de 1975 el sector público nacional se vio sometido a un proceso de transformación y racionalización conforme a la nueva política económica neoliberal impuesta por la dictadura de Pinochet.
El consumo de agua potable de la población chilena dejaba así de ser subsidiado universalmente, para pasar a subsidio focalizado en los sectores de menos recursos. O, dicho de otro modo, los clientes más pudientes iban a financiar, a través de mayores pagos, los subsidios focalizados, así como inversiones futuras del sector. casa sin alcantarillado Ya en 1990, el primer presidente luego del retorno a la democracia sostenía en su primer discurso presidencial que “en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios”143.
Por ejemplo, en Antofagasta, antes del alcantarillado, se reportaba que “servicio de desagüe no existe de ninguna especie. El sistema de alejamiento de las aguas servidas es muy primitivo; es decir, de depósitos que se vacían semanalmente en los carretones de basura. Las emanaciones que con este motivo se mantienen diariamente en la ciudad son, como se comprende, otros grandes focos de infección”27. Lo mismo ocurría en ciudades que, aun teniendo acequias, se veían afectadas por sequías, que “secaban” el curso de las mismas28. 156Chile fue el primer país de la región en alcanzar un 100% de cobertura en tratamiento de aguas servidas urbanas. 125En el Discurso Presidencial de 1983, por ejemplo, Pinochet se vanagloriaba de estar “a la vanguardia en América Latina en esta materia”.
Con todo, gracias al uso de estas fuentes, se mostrará que, luego de un largo letargo, el Estado chileno y sus instituciones tuvieron un rol fundamental en la formulación y ejecución de los proyectos destinados a dotar al país de una infraestructura sanitaria universal11. Estas políticas públicas estuvieron guiadas por el convencimiento de la gran influencia del entorno ambiental y social en el desarrollo de enfermedades infecciosas, ligadas a la falta de salubridad de las ciudades, la cuales debían ser solucionadas con el mejoramiento del suministro de agua potable y las redes de alcantarillado. En virtud de lo anterior, se privilegió durante la mayor parte del proceso una política tarifaria de bajo costo de estos servicios para la población (i.e. subsidiados), aun a costa de hacer deficitario la gestión operacional del sistema y de hacer sus inversiones dependientes del presupuesto público. Hay, por lo tanto, que diferenciar entre un primer y más largo periodo donde domina la acción estatal, seguido de otro corto periodo con gran protagonismo del sector privado, sobre todo en el proceso de tratamiento de aguas servidas. El Estado tendría la administración de estos servicios y la recaudación del impuesto hasta que se reembolsara totalmente de lo invertido en su ejecución, con el interés del 5% anual, pasando estas obras a la propiedad de los respectivos municipios.
Por esta época los sistemas de suministro de agua potable seguían los patrones coloniales, que básicamente consistían en trasladar mediante una canalización de cal y ladrillos aguas de quebradas, vertientes, posos o ríos, para ser distribuidas a los habitantes de ciudades y pueblos mediante acueductos que se conectaban a las pilas de agua ubicadas en distintos lugares de la urbe, siendo en general aguas de mala calidad. Santiago se abastecía, por ejemplo, principalmente de agua proveniente del río Mapocho22, la que ni siquiera era potable23. Solo en las grandes ciudades, Santiago y Valparaíso, se había avanzado con redes de agua potable canalizadas con tubos de metal que permitían suministro domiciliario a las viviendas principales y edificios públicos24, en iniciativas normalmente lideradas por los gobiernos locales (i.e. municipios) en conjunto con el sector privado, y principalmente restringidas al centro de las ciudades 25. Dentro de la población rural, el Programa estaba enfocado en abastecer de agua potable a la población rural “concentrada”, la que se definía como aquella que contaban con una población mínima de a hundred habitantes y un máximo de 1.000 y una concentración de 40 viviendas por km de la futura red de agua potable. El Programa promovió la constitución de la misma comunidad organizada como eje central de la gestión de los sistemas de agua potable, bajo un esquema participativo y social fundado en las cooperativas rurales de agua potable, que resultó bastante dinámico112.
Constituirían las entradas de las empresas de agua potable y alcantarillado, el producto de la contribución de desagües establecido por la ley de 1896, y el producto del consumo del metro cúbico de agua potable, cuyo precio period fijado por el Estado. Asimismo, se dictarían los reglamentos necesarios para la explotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, con el fin de garantizar su conservación y de que sus rentas se destinaran a su mejoramiento y ensanche. Sobre estas bases se estructuró la intervención del Estado en el suministro de agua potable y alcantarillado de las ciudades y pueblos del país, quedando fuera de esta intervención el mundo rural y los pueblos con menos de cinco mil habitantes, los que representaban, sin embargo, alrededor del 70% de la población chilena en aquella fecha. De esta forma, en las primeras décadas del siglo XX, el Estado realizó importantes inversiones para dotar de agua potable y alcantarillado a los principales centros urbanos del país, y/o ampliar su cobertura. En Santiago, capital del país, con 332 mil habitantes en 1907, se procedió a realizar estudios para aprovechar las aguas de la cordillera, específicamente de la Laguna Negra y del estero El Manzano, las cuales mediante un decreto del Ministerio de Obras Públicas se reservaron para los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad50. Después de varios años de estudios, en 1913 se contrató la ejecución de las obras de captación de ambos afluentes, distante a 87 kilómetros de la ciudad, estando terminadas tres años más tarde.
Concluidas las obras de agua potable y alcantarillado, estas quedaban a cargo del ministerio del Interior para su administración49. 106En 1960 mismo, en su discurso presidencial, Jorge Alessandri reconocía “el gravísimo problema que representa las deficiencias de agua potable y alcantarillado en numerosas ciudades del país”. A eso sumamos el impacto negativo que causó el terremoto de 1960, que ralentizó nuevas inversiones en los años inmediatamente posteriores al mismo, dada la urgencia de invertir en reparaciones de las obras públicas del país. Respecto del, otrora postergado mundo rural, hacia 2017 el mismo representaba un 12% de la población nacional, totalizando unos 2,three millones de habitantes.