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Además, se accedió a nuevos créditos internacionales del BIRF y el BID para aumentar la inversión sanitaria en la renovación y ampliación de la cobertura urbana y rural de agua potable y alcantarillado. Tras el retorno a la democracia, con los gobiernos de la “Concertación” el impulso privatizador del sistema sanitario estatal se suspendió, tanto por la presión de los sindicatos de las empresas sanitarias como de sectores de la alianza gobernante. De esta forma las empresas sanitarias estatales comenzaron a operar conforme normas pensadas para el sector privado, las cuales les ofrececían una serie de incentivos y herramientas para mejorar su gestión. La principal de ellas es la fijación de tarifas que no solo le permiten autofinanciarse, sino que también obtener utilidades140.

De este modo, en 1923 se terminaron los alcantarillados de Arica y Tocopilla, y en 1925 el de Talcahuano. Sin embargo, ya había logrado dotar de sistemas de agua potable a 199 localidades rurales concentradas, con una inversión total de US$6 millones114. Con todo, el aumento de cobertura pasó de un 6% en 1960 a un 31% en 1970 para dichas localidades115. Junto con esta gran inversión, el MOP, a través de la DOS, realizó inversiones adicionales para ampliar sus servicios de agua potable y alcantarillado a lo largo del país, pasando de administrar fifty nine servicios de agua potable y alcantarillado y 60 solo de agua potable, en 1949, a 118 y 150 en 1976, respectivamente, como se observa en el siguiente cuadro. Particularmente activo fue el gobierno de Frei Montalva, que gracias a la implementación de un plan quinquenal103, logró aumentar en más de 40 los servicios de agua potable administrados por el fisco104.

Respecto de la estructura del mercado, las empresas estatales representaban el 93,1% del mercado de agua potable urbana y el ninety two,7% del de alcantarillado, siendo el resto cubierto por empresas privadas y una municipal (Maipú), como se observa en el siguiente cuadro. 144Valenzuela y Jouravlev, Servicios de agua potable…,19-20; Celedón y Alegría, «Análisis del proceso de privatización», eighty one. 74Por largo tiempo el gobierno central trató de conseguir agua potable desde la cordillera para abastecer a Antofagasta, incluso apelando al apoyo de empresas privadas (salitreras). 65Posteriormente, en 1935 se dictó la ley 5.613 “que financia las obras domiciliarias de alcantarillado y agua potable con préstamos a largo plazo hechos por la Caja Nacional de Ahorros”, e inspirada en “un alto espíritu de justicia social”.

Sin embargo, este sistema de concesión a los privados tuvo poco éxito dado las bajas tarifas de agua potable y alcantarillado que fijaba el gobierno, haciendo poco atractiva estas inversiones. A pesar de lo anterior, surgieron algunas concesiones privadas en balnearios costeros como Zapallar, Santo Domingo y Papudo o en pueblos pequeños como Yumbel, Chañaral, Pica, El Arrayan, y Las Cenizas, o para abastecer algunos sectores de ciudades no atendidos por las empresas fiscales, como el sector de Colón en Santiago, una parte de la ciudad de Iquique82 y otra de Taltal. En otros casos, empresas privadas realizaban aportes para complementar las obras financiadas por el fisco, como fue el caso en Tomé de la empresa local alcantarillas prefabricadas Fábrica de Paños de Tomé84. La acción de ambas instituciones fue efectiva en hacer ver al gobierno la urgencia de tomar medidas para mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, planteadas como la principal acción para mejorar las malas condiciones de salubridad de los habitantes del país. Las autoridades políticas de la época parlamentaria tomaron conciencia de la problemática y procedieron a formular un conjunto de políticas públicas para una modernización de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Esto se debía a las bajas tarifas que fijaba el gobierno, las cuales se explicaban, según el director de la Dirección, porque “el Supremo Gobierno ha querido mantener la política de no ver en estos Servicios una fuente de entradas, sino un medio para mejorar el estado higiénico del país”93. En vista de lo anterior, las inversiones para la expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado seguían siendo financiados vía ley de presupuestos, que asignaba anualmente partidas para este fin94. De hecho, entre 1931 y 1943 se habían invertido con cargo a dicha ley la suma de 181,2 millones de pesos95. Este avance en cobertura de agua potable, alcantarillado y agua potable rural queda de manifiesto en los siguientes cuadros. En 1989 casi un 99%124 y un 83% de la población urbana ya period abastecida con agua potable y alcantarillado, respectivamente (Tabla 5), ubicando a Chile entre los mejores países de la región, lo que era exhibido como un logro por el régimen dictatorial125. Por su parte, se observa también un acelerado proceso de convergencia regional para ambos servicios (Tabla 6), muy distinto a la situación mostradas en los gráficos 1, 2, 3, 4, 6 y 7.

En complete, bajo la presidencia de Frei Montalva, se instalaron más de medio millón de nuevos arranques domiciliarios, y 322 mil arranques domiciliarios de alcantarillado en el sector rural chileno105. Como podemos observar, los servicios de agua potable aumentaron sostenidamente y, por detrás, los de alcantarillado86. Esto se explica porque era necesario primero contar con el agua potable para poder instalar los servicios de alcantarillado, pues estos necesitaban del agua para su limpieza, pero también por el mayor costo financiero de las obras de alcantarillado. Si bien ambas demandan altos niveles de inversión, las obras de agua potable son siempre más costosas que las de alcantarillado87.

De todas las políticas de salud pública, quizás las relacionadas con provisión de agua potable y alcantarillado son las que requieren de mayor inversión por parte de los estados8, lo que en países en desarrollo dificulta avances sustantivos en esta materia, en especial en América Latina donde el sector ha sido históricamente postergado9. Lo que sí sorprende es que es bien sabido que resulta más económico para un país invertir en obras sanitarias que atender pacientes afectados por enfermedades contraídas por pobres sistemas sanitarios10. Las tarifas que surgieron tras la aplicación del nuevo modelo tarifario fueron demasiado elevadas conforme a las vigentes, razón por la cual se procedió a establecer su aumento paulatino hasta alcanzar la tarifa actual en un plazo de 5 años. En 1996 se realizó una nueva alza de tarifas conforme el nuevo modelo tarifario, esta vez sin considerar un alza gradual. El resultado de este nuevo proceso tarifario fue que la tarifa media, es decir la razón entre los ingresos por explotación y el volumen de agua facturado, creció sostenidamente entre 1989 y1997, en un 64% y, entre 1997 y 2000, en un 112% adicional142.

Se instalaban pequeños sistemas, que en lo elementary extraían agua de un pozo o vertiente, la cual period tratada en una planta de filtro y cloración, para luego ser bombeada desde un estanque de almacenamiento a la red de agua potable de la comunidad, quedando su administración, operación y mantención a cargo de la cooperativa113. Las tarifas de los servicios de agua potable se fijarían de modo que con el producto de todos los servicios se cubrieran los gastos de explotación, se atendiera a la conservación, mejoramiento y ensanche de las instalaciones, y se pagasen los intereses y la amortización de las sumas invertidas en la construcción de las obras. Los consumidores en los servicios de agua potable estarían obligados a pagar una tarifa mínima correspondiente al diámetro del arranque fijado por el Administrador, aunque no hubiera habido consumo, pues ese period el derecho que debía pagarse por tener instalado el servicio. También mantenía la obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado una vez disponible el servicio en un plazo de un año80.

En 1964 el propio MOP reconocía que de la población residente en ciudades que tenían algún tipo de alcantarillado (un 45% del whole de Chile), solo un 54% de la misma disfrutaba de alcantarillado domiciliario, un 14% podría (potencialmente) unirse a la red si se realizaban conexiones a la red actual, y otro 22% podría soñar con disfrutar de este servicio si se realizaban trabajos de ampliación. Asimismo, un 10% de la población de estas ciudades se catalogaba como que “no puede servirse de alcantarillado”, condenada a la insalubridad. A pesar de estas dificultades, al last alcantarillas tubulares de concreto del periodo cubierto en esa sección, en 1952 un 48% de la población chilena tenía acceso a agua potable, mientras que un 33% disfrutaba de alcantarillado, bastante más que a principios de siglo.

En este contexto, se procedió, mediante el decreto ley 2.050 de 1977, a la creación del Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS), con el fin de “reorganizar este sector de la ingeniería sanitaria, a fin de lograr un aporte eficiente y económico a los planes sociales de fomento y desarrollo del país”117. Se creaba como una institución autónoma del Estado de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio distinto del Fisco, de duración indefinida, desconcentrada territorialmente y que se relacionaría con el Gobierno a través del MOP. Para este efecto se fusionaron en el SENDOS, la DOS del MOP, la Oficina de Saneamiento Rural del Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Ingeniería Sanitaria del Departamento de la Vivienda de la Corporación de la Reforma Agraria118. A pesar de estos avances, persistía una deuda histórica en materia de cobertura de alcantarillado, incluso para poblaciones urbanas.

Por esta época los sistemas de suministro de agua potable seguían los patrones coloniales, que básicamente consistían en trasladar mediante una canalización de cal y ladrillos aguas de quebradas, vertientes, posos o ríos, para ser distribuidas a los habitantes de ciudades y pueblos mediante acueductos que se conectaban a las pilas de agua ubicadas en distintos lugares de la urbe, siendo en general aguas de mala calidad. Santiago se abastecía, por ejemplo, principalmente de agua proveniente del río Mapocho22, la que ni siquiera period potable23. Solo en las grandes ciudades, Santiago y Valparaíso, se había avanzado con redes de agua potable canalizadas con tubos de metal que permitían suministro domiciliario a las viviendas principales y edificios públicos24, en iniciativas normalmente lideradas por los gobiernos locales (i.e. municipios) en conjunto con el sector privado, y principalmente restringidas al centro de las ciudades 25. Dentro de la población rural, el Programa estaba enfocado en abastecer de agua potable a la población rural “concentrada”, la que se definía como aquella que contaban con una población mínima de 100 habitantes y un máximo de 1.000 y una concentración de 40 viviendas por km de la futura red de agua potable. El Programa promovió la constitución de la misma comunidad organizada como eje central de la gestión de los sistemas de agua potable, bajo un esquema participativo y social fundado en las cooperativas rurales de agua potable, que resultó bastante dinámico112.

Constituirían las entradas de las empresas de agua potable y alcantarillado, el producto de la contribución de desagües establecido por la ley de 1896, y el producto del consumo del metro cúbico de agua potable, cuyo precio era fijado por el Estado. Asimismo, se dictarían los reglamentos necesarios para la explotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, con el fin de garantizar su conservación y de que sus rentas se destinaran a su mejoramiento y ensanche. Sobre estas bases se estructuró la intervención del Estado en el suministro de agua potable y alcantarillado de las ciudades y pueblos del país, quedando fuera de esta intervención el mundo rural y los pueblos con menos de cinco mil habitantes, los que representaban, sin embargo, alrededor del 70% de la población chilena en aquella fecha. De esta forma, en las primeras décadas del siglo XX, el Estado realizó importantes inversiones para dotar de agua potable y alcantarillado a los principales centros urbanos del país, y/o ampliar su cobertura. En Santiago, capital del país, con 332 mil habitantes en 1907, se procedió a realizar estudios para aprovechar las aguas de la cordillera, específicamente de la Laguna Negra y del estero El Manzano, las cuales mediante un decreto del Ministerio de Obras Públicas se reservaron para los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad50. Después de varios años de estudios, en 1913 se contrató la ejecución de las obras de captación de ambos afluentes, distante a 87 kilómetros de la ciudad, estando terminadas tres años más tarde.

Asimismo, en el Discurso Presidencial de 1988 sostuvo que “la cobertura de agua potable en población urbana, que en 1970 solo alcanzaba a un 66,5%, llega hoy a un 97% de los hogares chilenos”. En su último discurso presidencial (1989) el dictador reiteraba que “cabe recordar que en 1973 las tasas de cobertura de agua potable y alcantarillado apenas alcanzaban a 69% y a un 36%, respectivamente. Hoy, en cambio, la cobertura de agua potable es casi de un 100 percent y la de alcantarillado de un 77%”.

El consumo de agua potable de la población chilena dejaba así de ser subsidiado universalmente, para pasar a subsidio focalizado en los sectores de menos recursos. O, dicho de otro modo, los clientes más pudientes iban a financiar, a través de mayores pagos, los subsidios focalizados, así como inversiones futuras del sector. Ya en 1990, el primer presidente luego del retorno a la democracia sostenía en su primer discurso presidencial que “en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios”143.

Estas inversiones venían a resolver una sostenida demanda de agua potable de la ciudad, que entre 1940 y 1965 estaba triplicando su consumo102. 161Respecto de la provisión de agua potable, y un tema que no alcanzamos a cubrir en profundidad, se debe señalar también la inversión importante en embalses para asegurar el suministro de la población, en explicit una vez que la red de cañerías había alcanzado una dimensión casi common. 104Asimismo, debemos destacar que durante este periodo también proliferaron pequeños servicios de agua potable privados. Se estima que en 1958, del total de la población que disfrutaba agua potable en sus hogares, un 18% period abastecida por servicios particulares, y el 82% restante por fiscales. 79Decreto con Fuerza de Ley 235, de 1931, Aprueba la organización de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Por ejemplo, en Antofagasta, antes del alcantarillado, se reportaba que “servicio de desagüe no existe de ninguna especie. El sistema de alejamiento de las aguas servidas es muy primitivo; es decir, de depósitos que se vacían semanalmente en los carretones de basura. Las emanaciones que con este motivo se mantienen diariamente en la ciudad son, como se comprende, otros grandes focos de infección”27. Lo mismo ocurría en ciudades que, aun teniendo acequias, se veían afectadas por sequías, que “secaban” el curso de las mismas28. 156Chile fue el primer país de la región en alcanzar un 100% alcantarillas prefabricadas de cobertura en tratamiento de aguas servidas urbanas. 125En el Discurso Presidencial de 1983, por ejemplo, Pinochet se vanagloriaba de estar “a la vanguardia en América Latina en esta materia”.

Concluidas las obras de agua potable y alcantarillado, estas quedaban a cargo del ministerio del Interior para su administración49. 106En 1960 mismo, en su discurso presidencial, Jorge Alessandri reconocía “el gravísimo problema que representa las deficiencias de agua potable y alcantarillado en numerosas ciudades del país”. A eso sumamos el impacto negativo que causó el terremoto de 1960, que ralentizó nuevas inversiones en los años inmediatamente posteriores al mismo, dada la urgencia de invertir en reparaciones de las obras públicas del país. Respecto del, otrora postergado mundo rural, hacia 2017 el mismo representaba un 12% de la población nacional, totalizando unos 2,3 millones de habitantes.

61Páez, Abastecimiento de agua potable…; Alegría y Celedón, «Historia del sector sanitario chileno», 1-55. 44Illanes, «Obras de agua potable en construcción», 13-33; Böttner, El fracaso de la Comuna Autónoma en Chile… Unos meses después, en enero de 1887, la comisión recomendó al Gobierno una Ordenanza General de Salubridad, la cual convertía a la comisión en una Junta General de Salubridad para estudiar y proponer medidas para contener la propagación de las epidemias. Para la aplicación de estas medidas se formarían en todas las capitales “Juntas Departamentales de Salubridad” que actuarían según las instrucciones emanadas de la Junta General30. Luego la Ordenanza procedía a dictar un conjunto de normas relativas al aseo y salubridad31.

En cualquier caso, esta política pública sanitaria estuvo guiada por el convencimiento de sucesivos gobiernos que dotar a la población de sistemas sanitarios modernos era la medida más eficaz de prevenir y combatir las epidemias y enfermedades ligadas a la falta de salubridad, y que causaban tan alta tasa de mortalidad en la población. Así, la estrategia adoptada fue comenzar con la provisión del suministro de agua potable en las ciudades con mayor número de habitantes, y, una vez dotado de este servicio, proceder a la instalación de alcantarillado. Acto seguido, pero con bastante rezago, el sector rural comenzó a ser atendido en ambos frentes, generando desigualdad geográfica por largo tiempo. Luego de un largo camino recorrido, Chile logró una cobertura de casi 100% de plomeria tanto de la provisión de agua potable161, como de alcantarillado y tratamientos de aguas servidas urbanas, además de altas coberturas para la población rural en estos servicios. Todo lo anterior fue principalmente fruto del trabajo de organismos del estado durante varias décadas, salvo el tratamiento de aguas servidas, que un proceso más bien tardío e implementado por el sector privado luego de un profundo proceso de privatización. A partir de 1995 el gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz Tagle desarrolló una política económica para generar un proceso sistemático de privatización del sistema sanitario estatal.

En efecto, una vez que los servicios entraban en operaciones se entregó un subsidio universal al consumo mediante bajas tarifas. Dicha política se justificó argumentando que brindar acceso al agua potable y alcantarillado a bajo costo a la mayor población posible mejoraba la salubridad y prevenía enfermedades relacionadas con la falta de higiene a toda la población del país. En resumen, el Estado recaudó US$1.924 millones en este proceso de traspaso de las empresas sanitarias al sector privado y comprometió una suma comparable para inversiones sanitarias, especialmente en plantas de tratamiento de aguas servidas152, quedando además con el 39% de la propiedad de las empresas sanitarias. Sin embargo, el año 2003 el presidente Lagos derogó el 35% de participación accionaria que mantenía el Estado, facilitando así el camino para la whole venta de los activos sanitarios del Estado, reducidos a un 5% el 2011 durante el gobierno de Sebastián Piñera153. De esta forma 7 grupos económicos, nacionales y extranjeros, tomaron el management de las principales empresas sanitarias del país, que atendían en su conjunto al 93% de los clientes sanitarios del país, como se observa en el siguiente cuadro.

Según los datos de la Inspección, en 1924 la misma administraba servicios de agua potable de Arica a Chiloé en 77 centros urbanos y de alcantarillado en eleven, a los que habría que sumar los servicios de agua potable y alcantarillado de Santiago, Valparaíso y Punta Arenas de administración municipal. Seis años más tarde, 1930, los servicios de agua potable administrados por la Inspección solo habían aumentado a eighty two y los de alcantarillado a 1973. Respecto del alcantarillado, se sumaron, con obras terminadas, los de San Felipe, Cartagena y Temuco en 1929, y los de Rancagua, Parral, Osorno e Iquique en 1930.

50Tanto en Santiago como en Valparaíso escaseaba el agua debido a la sequía que afectó al país en años anteriores. 25Piwonka, Las aguas de Santiago de Chile…, Böttner, El fracaso de la Comuna Autónoma en Chile… Recién en 1898 las empresas municipales de agua potable de Santiago y Valparaíso pasaron a ser administradas por el fisco, y lo propio ocurrió en Concepción en 1907. En 1931 el ministerio del Interior procedió a una reorganización del servicio fiscal de agua potable y alcantarillado, dictando una ley orgánica (DFL 235) que convirtió a la Inspección en la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado. Esta tendría a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, con excepción de los dependientes de la Empresa de Agua Potable y la Dirección de Alcantarillado de Santiago. Los Intendentes tendrían amplias atribuciones para fiscalizar en sus respectivas provincias la marcha de estos servicios.

Al comenzar la década de 1990 el sistema sanitario nacional se regiría por un nuevo marco legal. La columna vertebral es la ley common de servicios sanitarios (1988) que estableció el régimen de concesión y de explotación de los servicios sanitarios; que reglamentó las relaciones entre las empresas concesionarias, el Estado y los usuarios; y que estructuró la fiscalización del sector por parte de una Superintendencia de Servicios Sanitarios. Para ir en ayuda de los grupos familiares o clientes residenciales de escasos recursos se estableció por ley un subsidio directo al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. También se creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como un organismo eminentemente técnico, normativo y fiscalizador del sistema sanitaria público y privado138. Los servicios de agua potable y alcantarillado administrados por la Dirección solo alcanzaban a financiar sus gastos operacionales, pero no amortizaban sus inversiones e interés involucrados, razón por lo cual estaban en constantes déficits.

A cambio, el nuevo sector sanitario, ahora bajo la gestión del sector privado, debió realizar importantes inversiones, según planes de desarrollo ya comprometidos, para la modernización del sistema sanitario, como se observa en el siguiente gráfico. Entre 1999 y 2012 la mayor parte de las inversiones estuvo destinada a la construcción de plantas de tratamientos de las aguas servidas de los alcantarillados urbanos, además de nuevas inversiones en las ya consolidadas redes de agua potable y alcantarillado. Este último año (2012), había a lo largo del país 270 plantas de tratamientos de aguas servidas de alcantarillados urbanos, las que permitían una cobertura del 99 alsan alcantarillado,8%, i.e. pseudo universal154.

Sin embargo, en las redes de alcantarillado se avanzaba más lentamente, pues, antes de 1913 se reportaba obras concluidas solo en Santiago y Valparaíso. En Concepción, recién en 1907 se recibieron las primeras propuestas para la construcción del alcantarillado56. Asimismo, entre 1907 y 1912 el gobierno solicitó propuestas de construcción para Talca, Antofagasta, Mejillones, Linares, Curicó, Chillán, Taltal, La Serena y Quillota.

Al año 2015, de las 20 repúblicas latinoamericanas, solo three tenían acceso “básico”1 casi common (i.e. más de 99% de la población) a agua potable “mejorada”2 y provista por cañerías (Chile, Costa Rica y Uruguay). Para el mismo año, dentro de Latinoamérica, solo Chile disfrutaba de una cobertura casi common de acceso (no compartido) a servicios básicos de deposición de excrementos, teniendo además la tasa más alta de conexión a sistemas de alcantarillado3. Finalmente, Chile también disfruta hoy del mayor porcentaje de tratamiento de aguas servidas de la región (siendo universal en áreas urbanas), muy distante de la mayor parte del resto de los países latinoamericanos en este último indicador. Con todo, es posible concluir que, dentro de la región, Chile disfruta hoy del mejor acceso a servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales urbanas, alcanzando la casi universalidad en cada uno de estos tres indicadores desde el año 2012, ubicando a dicho país casi al mismo nivel que cualquier país desarrollado. El gráfico sixteen muestra la participación de enfermedades propias de la pobreza dentro del complete de muertes de Chile. Se incluyen no solo los decesos causados por diarreas, tifus, fiebre tifoidea, disentería, sino también aquellos causados por enfermedades infecciosas como tuberculosis, neumonía y bronconeumonía, toda vez que es sabido que mejoras en sistemas sanitarios reducen no solo las muertes por enfermedades gastrointestinales, sino que todo tipo de enfermedades infecciosas que se contraen por sistemas inmunes deteriorados.

Unos años más tarde, otro artículo del mismo medio, estimaba que en las urbes chilenas, en un mundo “con agua potable y desagües, la mortalidad descendería desde 38 a 40 por mil a 3 o 4 por mil”. Para Antofagasta solamente, a raíz de un rezago en la puesta en marcha del alcantarillado de dicha ciudad, “según la opinión de los médicos de Antofagasta… mil vidas cuesta el no funcionamiento del alcantarillado”. Con la implementación de estas reformas la dictadura pretendía pavimentar la privatización del sector sanitario. Sin embargo, el comienzo del camaras de alcantarillado sodimac fin de dictadura tras el plebiscito de 1988 y, el posterior retorno a la democracia tras la elección presidencial de 1989, no generaron un ambiente político y empresarial idóneo para tales efectos. Lo que sí señalaron estas reformas fue el fin de la acción del MOP en el desarrollo del sector sanitario a través del SENDOS, que desde 1953 a 1990, logró aumentar sostenidamente la cobertura urbana de agua potable del país. La mayor inversión del MOP estuvo relacionada con asegurar el suministro de agua potable para la megaciudad en que se estaba convirtiendo Santiago.

Ley 2.106, de 05 de marzo 1908, El Congreso autoriza al presidente de la República para que contrate en licitación pública la construcción de los alcantarillados en las ciudades de la República que tengan más de diez mil habitantes. Persistía, aún, la deuda con los sectores rurales no concentrados, así como con el tratamiento de aguas servidas de las grandes urbes. Y, de hecho, un punto poco destacado por la historiografía, pero que no escapó al análisis hecho por el presidente Patricio Aylwin en su primer discurso presidencial, es que un lado negativo del aumento de provisión de alcantarillado, en un país sin tratamiento de aguas servidas, era que “en la misma medida en que lo ha hecho, se han ido complicando los problemas de disposición de las aguas servidas”127. El riego de cultivos destinados a consumo humano, con aguas contaminadas, era pan de cada día. A través del SENDOS, el Estado cumplía al mismo tiempo los roles subsidiarios, normativo, fiscalizador y prestador de servicios sanitarios.

En efecto, tan tarde como en 1915, el gobierno reconocía que “en la gran mayoría de las poblaciones en que se ha instalado el servicio de agua potable no existe servicio de desagües, sea este formado por alcantarillas o por acequias”88. La intervención del Estado en el servicio de agua potable y alcantarillado significó que los municipios entregaran la gestión de estos servicios a instituciones estatales, específicamente a los ministerios del Interior y de Obras Públicas48. En este último ministerio fue la Inspección General de Hidráulica, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, la institución encargada de realizar los estudios y presupuestos sobre agua potable y alcantarillado, tanto para dotar de estos servicios a nuevos poblados como para el mejoramiento, mantención o ampliación de los mismos en centros urbanos que ya contaran con ellos. Una vez autorizados estos estudios y presupuestos por parte del ministerio del Interior, la Inspección General de Hidráulica procedía a la ejecución de las obras mediante la licitación pública de estas a contratistas privados.

La nueva institución estaba encargada de los sistemas sanitarios fiscales, tanto urbanos como rurales concentrados, con excepción de la Región Metropolitana y la Quinta Región, donde operaban EMOS y ESVAL120. “la estadística acusa en el último año un aumento en la natalidad y una disminución en la mortalidad… Estos resultados se deben indudablemente, al mejor estado sanitario que ha ido procurando al país la implantación en las principales ciudades de los servicios de agua potable y desagües. En vista de que no todos los habitantes de las ciudades y pueblos donde llegaba el servicio de agua potable procedían con la prontitud deseada por las autoridades a su conexión domiciliaria, socavando así la política sanitaria y su gran inversión, se procedió a dictar una ley que hacía obligatoria la conexión y servicio de agua potable. Efectivamente, la ley 3.092 de 1916 señalaba que, en todas las poblaciones dotadas de servicio de agua potable por el Estado o las municipalidades, sería obligación de todos los propietarios instalar arranques domiciliarios para el servicio de sus respectivos inmuebles. Por último, establecía multas para quienes no pagaran el servicio y los mecanismos para su cobro por vía judicial66.