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Para el año presupuestario 2024, las iniciativas con RATE RS que han solicitado un mayor monto pertenecen a Región De Valparaiso (5.872 MM$), Región De Tarapaca (2.644 MM$) y Región De Los Lagos (1.870 MM$). De las solicitudes para el año presupuestario 2024, se ha reportado un 70,4% de las iniciativas con Recomendación Satisfactoria (RS), 22,2% de las iniciativas con Falta Información (FI) y 7,41% con Objetado Técnicamente (OT). Para el año presupuestario 2024, los mayores montos solicitados han sido por iniciativas de construccion (10.608 MM$), mejoramiento (3.532 MM$) y ampliacion (3.one hundred fifteen MM$). Las instituciones financieras a las que les han solicitado un mayor monto para el año presupuestario 2024 son Gobierno Regional – Región De Valparaiso (5.886 MM$), Gobierno Regional – Región De Los Lagos (3.028 MM$) y Servicio Vivienda Y Urbanizacion Región De Tarapaca (2.644 MM$). Las instituciones formuladoras que han solicitado un mayor monto para el año presupuestario 2024 son Municipalidad De Nogales (3.532 MM$), Seremi Vivienda Región De Tarapaca (2.751 MM$) y Municipalidad De Laja (1.656 MM$).

La intervención del Estado en el servicio de agua potable y alcantarillado significó que los municipios entregaran la gestión de estos servicios a instituciones estatales, específicamente a los ministerios del Interior y de Obras Públicas48. En este último ministerio fue la Inspección General de Hidráulica, dependiente de la Dirección General de Obras Públicas, la institución encargada de realizar los estudios y presupuestos sobre agua potable y alcantarillado, tanto para dotar de estos servicios a nuevos poblados como para el mejoramiento, mantención o ampliación de los mismos en centros urbanos que ya contaran con ellos. Una vez autorizados estos estudios y presupuestos por parte del ministerio del Interior, la Inspección General de Hidráulica procedía a la ejecución de las obras mediante la licitación pública de estas a contratistas privados. Concluidas las obras de agua potable y alcantarillado, estas quedaban a cargo del ministerio del Interior para su administración49. El SAP es un apoyo económico para familias vulnerables económicamente que permite que, mediante el municipio, se pueda pagar una parte de la cuenta de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas que va desde el 25% al 85% dependiendo del nivel socioeconómico de las familias.

Finalmente, luego de un largo recorrido iniciado más de un siglo atrás, en la segunda década del siglo XXI el sistema sanitario nacional logró alcanzar niveles de cobertura sanitaria (agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas urbanas) de un one hundred pc, como se observa en el siguiente gráfico. El lado negativo de esta política fue la baja recaudación fiscal por estos servicios (que apenas alcanzaba a cubrir gastos operacionales o que incluso generaban déficits recurrentes), lo que obligaba al estado, vía ley de presupuestos, a destinar permanentemente, pero insuficientemente, recursos frescos para financiar nuevas inversiones en el mejoramiento o ampliación de los servicios sanitarios. A pesar de lo anterior, el porcentaje de población cubierta con agua potable y alcantarillado aumentó sostenidamente. Empero, por largo tiempo el mundo rural mostraba, comparativamente con el urbano, magros resultados dado los escasos niveles de inversión en obras sanitarias. Sin embargo, entre 1965 y 1976 el Estado, aunque manteniendo su política de subsidios, aumentó significativamente los niveles de inversión en obras sanitarias urbanas y rurales, logrando aumentar la cobertura urbana a un 77 aguas residuales alcantarillado,4% en agua potable y a un forty seven,4% en alcantarillado. Asimismo, gracias a un programa de agua potable rural, con apoyo del BID, se había alcanzó una cobertura de agua potable de la población rural concentrada de un forty seven,8%.

El resultado de este nuevo proceso tarifario fue que la tarifa media, es decir la razón entre los ingresos por explotación y el volumen de agua facturado, creció sostenidamente entre 1989 y1997, en un 64% y, entre 1997 y 2000, en un 112% adicional142. El consumo de agua potable de la población chilena dejaba así de ser subsidiado universalmente, para pasar a subsidio focalizado en los sectores de menos recursos. O, dicho de otro modo, los clientes más pudientes iban a financiar, a través de mayores pagos, los subsidios focalizados, así como inversiones futuras del sector. Ya en 1990, el primer presidente luego del retorno a la democracia sostenía en su primer discurso presidencial que “en el sector de obras públicas se estudia la aplicación de un sistema tarifario que, financiando esos servicios, permita apoyar a las personas de menos recursos mediante un esquema adecuado de subsidios”143. Una innovación era la posibilidad de que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado pudieran ser administrados por privados. Para esto se debía presentar un anteproyecto al presidente de la República, quien aprobaría la concesión por un plazo de 10 años.

146En su primer discurso presidencial Frei Ruiz-Tagle ya prometía especial compromiso con “la construcción de plantas de tratamiento y disposición de aguas servidas en todo el país”. 104Asimismo, debemos destacar que durante este periodo también proliferaron pequeños servicios de agua potable privados. Se estima que en 1958, del total de la población que disfrutaba agua potable en sus hogares, un 18% era abastecida por servicios particulares, y el 82% restante por fiscales.

Si existe una filtración inmediatamente después de estas llaves la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente, quien debe reparar esta fuga. Establecimiento educacional deberá contar en los lugares de trabajo, con agua potable que cumpla con los requisitos físicos, químicos, y radiactivos y bacteriológicos establecidos en la reglamentación vigente sobre la materia. Las instituciones financieras que registraron un mayor tiempo de respuesta para el año presupuestario 2024 son Subsecretaria Vivienda Y Urbanismo (184 días), Gobierno Regional – Región Del Maule (63 días) y Gobierno Regional – Región De Los Lagos (58 días).

En el inter tanto, en 1914 se encargaron estudios de alcantarillado para Puerto Montt y Talcahuano. A partir de 1975, esta vez bajo una nueva política económica neoliberal, se llevó a cabo una profunda reorganización y racionalización del sector público, que llevaría a un cambio de los paradigmas que habían definido la trayectoria del sistema sanitario estatal. En lo medular, se produjo un aumento progresivo de las tarifas y mejores sistemas de cobranza y recaudación que disminuyeron considerablemente las perdidas operacionales, generando también un aumento de los ingresos propios.

Las primeras acciones respecto de los servicios de alcantarillado se relacionan con la ley 342 de 1896, que autorizó a las municipalidades de ciudades y villas con más de 5.000 habitantes a establecer como obligatorio el servicio de desagües por medio de alcantarillas o cañerías. Para este efecto, los municipios levantarían redes de alcantarillado destapa cañerias plomero a las que los vecinos se conectarían obligatoriamente, debiendo pagar por el servicio una cuota que fijaría el municipio33. Durante el periodo de funcionamiento del DOS, dicha dirección tuvo que enfrentar un fenómeno demográfico y migratorio (principalmente interno) que definió en gran medida su política de inversiones.

En cualquier caso, los 128 servicios existentes en 1949 abarcaban las principales ciudades del país, pues la política pública había privilegiado los centros urbanos con poblaciones superiores a los cinco mil habitantes89. De hecho, el censo de 1952 señalaba la existencia de 65 ciudades con poblaciones sobre los cinco mil habitantes, la mayoría de ellas con población entre los 5 y los 50 mil habitantes, salvo Santiago (1,35 millones), Valparaíso (218 mil), Concepción (120 mil) y Viña del Mar (85 mil). De estas, todas tenían suministro de agua potable de parte de la Dirección, salvo Santiago y Punta Arenas, que dependían de empresas a cargo de sus municipios90.

Ahora, con la nueva ley, los proyectos de viviendas sociales para ser construidos en el límite urbano, están eximidos de pagar los costos de conexión a los servicios sanitarios. Colaborar en la definición de políticas públicas relacionadas con la reducción de déficit de cobertura de agua potable y saneamiento sanitario. A través del SENDOS, el Estado cumplía al mismo tiempo los roles subsidiarios, normativo, fiscalizador y prestador de servicios sanitarios. Este sistema “operaba de manera centralizada en materia de la planificación de inversiones, asignación de recursos y fijación de tarifas, siendo los SENDOS regionales sólo servicios operativos. Las tarifas eran establecidas sobre una base de subsidios cruzados entre las regiones del país, en orden a satisfacer las necesidades de la población, sin considerar el costo actual de prestar el suministro”121. La mayor inversión del MOP estuvo relacionada con asegurar el suministro de agua potable para la megaciudad en que se estaba convirtiendo Santiago.