Durante el periodo de funcionamiento del DOS, dicha dirección tuvo que enfrentar un fenómeno demográfico y migratorio (principalmente interno) que definió en gran medida su política de inversiones. Por una parte, la población nacional tuvo una gran expansión demográfica entre 1952 y 1970 (producto de una notoria baja en la tasa de mortalidad, en parte a raíz de las mejoras en alcantarillado y provisión de agua potable), con una tasa de crecimiento sobre el 2%, aumentado la población en casi tres millones de habitantes (tabla 4). Al mismo tiempo, se produjo el fenómeno migratorio del campo a la ciudad, que llevó a una notoria expansión de la población urbana, desde un 60% en 1952 a un 75% 1970.
Sin embargo, entre 1965 y 1976 el Estado, aunque manteniendo su política de subsidios, aumentó significativamente los niveles de inversión en obras sanitarias urbanas y rurales, logrando aumentar la cobertura urbana a un 77,4% en agua potable y a un forty seven,4% en alcantarillado. Asimismo, gracias a un programa de agua potable rural, con apoyo del BID, se había alcanzó una cobertura de agua potable de la población rural concentrada de un 47,8%. Este artículo analiza los mecanismos y ritmos mediante los cuales se logró la casi universalización de los servicios de agua potable (AP), tratamiento de aguas residuales urbanas (TARU) y alcantarillado (ALC) en Chile, en un lapso de a hundred thirty años. Se demuestra que el Estado y las instituciones públicas tuvieron un rol central en el desarrollo de proyectos destinados a la universalización de la infraestructura sanitaria. En el convencimiento de que esto reduciría los problemas de salubridad pública, se privilegió una política tarifaria de bajo costo, inclusive si ello implicaba la generación de déficits operacionales y una alta dependencia del presupuesto público. El sistema solo se privatizó hacia fines del siglo XX, cuando la tasa de cobertura ya era superior al 90% para agua potable y alcantarillado, lo que a su vez aportó nuevas inversiones que permitieron alcanzar un one hundred pc de cobertura en 2012 en AP, ALC y TARU.
Le corresponde distribuir los recursos de la Provisión Saneamiento Sanitario entre regiones, conjuntamente con capacitar y fortalecer a los gobiernos regionales en el ámbito . Adicionalmente, a partir del 1 de enero del 2003, fecha en que se creó la Provisión Saneamiento Sanitario, son las entidades encargadas de administrar técnica y financieramente la misma, lo que implica elaborar e instruir los procesos de licitación, otorgar conformidad a las proposiciones de adjudicación y contratación y llevar a efecto el control financiero-contable de los proyectos. 112Por ejemplo, solo entre 1965 y mediados de 1968 se constituyeron 117 cooperativas de distribución de agua potable en localidades rurales.
Lo mismo ocurría en ciudades que, aun teniendo acequias, se veían afectadas por sequías, que “secaban” el curso de las mismas28. Este mismo ámbito también se verán favorecidos los residentes El Trapiche, quienes contarán con un sistema de alcantarillado, una planta de tratamiento de lodos, 130 uniones domiciliarias que conectará a 123 viviendas y 6 recintos de equipamiento comunitario. A estas obras se suma, la pavimentación de aceras y soleras, lo que beneficiará a un whole de 715 personas. Estos trabajos alcanzan una inversión de 1.415 millones de pesos y serán financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), a través del Programa de Mejoramiento de Barrios.
Constituirían las entradas de las empresas de agua potable y alcantarillado, el producto de la contribución de desagües establecido por la ley de 1896, y el producto del consumo del metro cúbico de agua potable, cuyo precio period fijado por el Estado. Asimismo, se dictarían los reglamentos necesarios para la explotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, con el fin de garantizar su conservación alcantarillados pelantaro y de que sus rentas se destinaran a su mejoramiento y ensanche. Sobre estas bases se estructuró la intervención del Estado en el suministro de agua potable y alcantarillado de las ciudades y pueblos del país, quedando fuera de esta intervención el mundo rural y los pueblos con menos de cinco mil habitantes, los que representaban, sin embargo, alrededor del 70% de la población chilena en aquella fecha.
Nibaldo González, presidente de la Junta de Vecinos El Sauce calificó como «un día histórico para El Sauce», esta aprobación. Emocionado agradeció cada una de las felicitaciones, recordando que fue un trabajo de equipo apoyados por el municipio de Coquimbo. «Somos eight personas quienes trabajamos como directiva de la junta de vecinos y no soy solo (…) Agradecer a los consejeros regionales porque realmente era lo que esperábamos, nos queda solamente three pasos, ahora viene la revisión de la Contraloría, después viene la publicación en el portal de la municipalidad para llamar a licitación y la ejecución del alcantarillado de cemento proyecto». Cabe destacar que el proyecto también incluye la pavimentación del sector rural, iluminación y señaléticas, apuntando a una mini urbanización de cada localidad. Por su parte, el alcalde de Punitaqui Carlos Araya Bugueño, presente en la sesión extraordinaria del CORE, dijo que este proyecto que lleva mas de 7 años en trámite desde que los vecinos plantearon la necesidad de poder contar con alcantarillado, hasta ahora que ya comienza a ver la luz. Basados en la información que les proporcionan las respectivas SERPLAC, deben aprobar recursos a proyectos específicos y otorgar orden de prioridad para su ejecución.
Las tasas de crecimiento de cobertura urbana de agua potable y alcantarillado fueron las más altas del siglo126. Los servicios de agua potable y alcantarillado administrados por la Dirección solo alcanzaban a financiar sus gastos operacionales, pero no amortizaban sus inversiones e interés involucrados, razón por lo cual estaban en constantes déficits. Esto se debía a las bajas tarifas que fijaba el gobierno, las cuales se explicaban, según el director de la Dirección, porque “el Supremo Gobierno ha querido mantener la política de no ver en estos Servicios una fuente de entradas, sino un medio para mejorar el estado higiénico del país”93. En vista de lo anterior, las inversiones para la expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado seguían siendo financiados vía ley de presupuestos, que asignaba anualmente partidas para este fin94.
Esta población migrante se concentró en las ciudades capitales de provincias y, especialmente, en la capital del país, Santiago, que aumentó su población de 1,3 millones en 1952 a 2,7 millones en 1970, como se observa en la tabla four. De este modo, en 1923 se terminaron los alcantarillados de Arica y Tocopilla, y en 1925 el de Talcahuano. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de escasos recursos que habita en condiciones de marginalidad sanitaria, otorgando infraestructura para implementar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario. Reducir el déficit de cobertura de servicios de abastecimiento de agua y disposición adecuada de aguas servidas en las áreas rurales con soluciones costo eficientes y sostenibles en el tiempo. Tras el retorno a la democracia, con los gobiernos de la “Concertación” el impulso privatizador del sistema sanitario estatal se suspendió, tanto por la presión de los sindicatos de las empresas sanitarias como de sectores de la alianza gobernante. De esta forma las empresas sanitarias estatales comenzaron a operar conforme normas pensadas para el sector privado, las cuales les ofrececían una serie de incentivos y herramientas para mejorar su gestión.
Además, se accedió a nuevos créditos internacionales del BIRF y el BID para aumentar la inversión sanitaria en la renovación y ampliación de la cobertura urbana y rural de agua potable y alcantarillado. La columna vertebral es la ley common de servicios sanitarios (1988) que estableció el régimen de concesión y de explotación de los servicios sanitarios; que reglamentó las relaciones entre las empresas concesionarias, el Estado y los usuarios; y que estructuró la fiscalización del sector por parte de una Superintendencia de Servicios Sanitarios. Para ir en ayuda de los grupos familiares o clientes residenciales de escasos recursos se estableció por ley un subsidio directo al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. También se creó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, como un organismo eminentemente técnico, normativo y fiscalizador del sistema sanitaria público y privado138. Sin embargo, ya había logrado dotar de sistemas de agua potable a 199 localidades rurales concentradas, con una inversión total de US$6 millones114. Con todo, el aumento de cobertura pasó de un 6% en 1960 a un 31% en 1970 para dichas localidades115.
Ambas empresas eran estatales autónomas, que se relacionaban con el Estado por intermedio del MOP a través del SENDOS. La nueva institución estaba encargada de los sistemas sanitarios fiscales, tanto urbanos como rurales concentrados, con excepción de la Región Metropolitana y la Quinta Región, donde operaban EMOS y ESVAL120. En vista de que no todos los habitantes de las ciudades y pueblos donde llegaba el servicio de agua potable procedían con la prontitud deseada por las autoridades a su conexión domiciliaria, socavando así la política sanitaria y su gran inversión, se procedió a dictar una ley que hacía obligatoria la conexión y servicio de agua potable. Efectivamente, la ley three.092 de 1916 señalaba que, en todas las poblaciones dotadas de servicio de agua potable por el Estado o las municipalidades, sería obligación de todos los propietarios instalar arranques domiciliarios para el servicio de sus respectivos inmuebles. Por último, establecía multas para quienes no pagaran el servicio y los mecanismos para su cobro por vía judicial66.