Una innovación period la posibilidad de que los servicios públicos de agua potable y alcantarillado pudieran ser administrados por privados. Para esto se debía presentar un anteproyecto al presidente de la República, quien aprobaría la concesión por un plazo de 10 años. Sería obligación de la empresa privada costear todas las instalaciones de agua potable y alcantarillado, incluido los arranques domiciliarios. Las tarifas se calcularían de modo que las entradas de la Empresa cubrieran los gastos de explotación y conservación de las obras, que permitieran formar un fondo para renovación de las instalaciones y rendir un interés hasta de un 10% del capital inmovilizado. Por último, quedarían bajo la supervigilancia de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado81.
Los servicios de agua potable y alcantarillado administrados por la Dirección solo alcanzaban a financiar sus gastos operacionales, pero no amortizaban sus inversiones e interés involucrados, razón por lo cual estaban en constantes déficits. Esto se debía a las bajas tarifas que fijaba el gobierno, las cuales se explicaban, según el director de la Dirección, porque “el Supremo Gobierno ha querido mantener la política de no ver en estos Servicios una fuente de entradas, sino un medio para mejorar el estado higiénico del país”93. En vista de lo anterior, las inversiones para la expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado seguían siendo financiados vía ley de presupuestos, que asignaba anualmente partidas para este fin94. De hecho, entre 1931 y 1943 se habían invertido con cargo a dicha ley la suma de 181,2 millones de pesos95. Las tarifas de los servicios de agua potable se fijarían de modo que con el producto de todos los servicios se cubrieran los gastos de explotación, se atendiera a la conservación, mejoramiento y ensanche de las instalaciones, y se pagasen los intereses y la amortización de las sumas invertidas en la construcción de las obras. Los consumidores en los servicios de agua potable estarían obligados a pagar una tarifa mínima correspondiente al diámetro del arranque fijado por el Administrador, aunque no hubiera habido consumo, pues ese era el derecho que debía pagarse por tener instalado el servicio.
En Concepción, recién en 1907 se recibieron las primeras propuestas para la construcción del alcantarillado56. Asimismo, entre 1907 y 1912 el gobierno solicitó propuestas de construcción para Talca, Antofagasta, Mejillones, Linares, Curicó, Chillán, Taltal, La Serena y Quillota. Respecto de fechas de término de los primeros tramos, destacan Antofagasta (1912)57, Concepción (1913), La Serena (1914), Buin (1914), Chillán (1915) y Valdivia (1915) fifty eight. En el inter tanto, en 1914 se encargaron estudios de alcantarillado para Puerto Montt y Talcahuano.
Luego existían forty ciudades con población de entre mil y dos mil habitantes, donde la Dirección también brindaba servicios de agua potable91. Respecto del servicio de alcantarillado, todas las ciudades con más de diez mil habitantes contaban con el mismo, cumpliéndose con la meta establecida, y se avanzaba con las ciudades de entre 5 y diez mil habitantes. Tan temprano como en 1937, el presidente de la república reportaba que “no hay población en el país con más de 5,000 habitantes que carezca de agua potable, y superior a 10,000 habitantes que no disponga de alcantarillado”92.
Conforme a lo indicado, los aliviaderos de tormenta o de emergencia de las redes de recolección, plantas elevadoras y plantas de tratamiento de aguas servidas, deben operar sólo en situaciones de fuerza mayor en que se incorpore aguas lluvias que superen sus respectivas capacidades máximas de diseño.(Ord. N°3104/11). Respecto del resto de las ciudades del país, entre 1906 y 1914, el Estado había avanzado significativamente en sus inversiones. Se habían instalado en fifty four ciudades servicios de agua potable55, mayoritariamente en urbes con más de diez mil habitantes, pero también de entre 2 y cinco mil habitantes. Sin embargo, en las redes de alcantarillado se avanzaba más lentamente, pues, antes de 1913 se reportaba obras concluidas solo en Santiago y Valparaíso.
Las tarifas que surgieron tras la aplicación del nuevo modelo tarifario fueron demasiado elevadas conforme a las vigentes, razón por la cual se procedió a establecer su aumento paulatino hasta alcanzar la tarifa actual en un plazo de 5 años. En 1996 se realizó una nueva alza de tarifas conforme el nuevo modelo tarifario, esta vez sin considerar un alza gradual. El resultado de este nuevo proceso tarifario fue que la tarifa media, es decir la razón entre los ingresos por explotación y el volumen de agua facturado, creció sostenidamente entre 1989 y1997, en un 64% y, entre 1997 y 2000, en un 112% adicional142.
No obstante, resultan más costosas de fabricar, por lo que se necesitará hacer una inversión elevada al comienzo. Un sistema mecanizado retira la area y basura del agua para después enviarlas a sitios de disposición last. Excepcionalmente, frente a situaciones topográficas puntuales, es posible que se requiera de una sola planta elevadora destinada a servir a un cliente o conjunto de clientes (condominio) en cuyo caso se podría estar frente a una obra que se imputaría a urbanización, no reembolsable, que pasaría a constituir un aporte de tercero y que no se incorpora al activo del prestador. No corresponde que en un área de topografía adversa, cada nuevo cliente deba construir una planta elevadora y la correspondiente impulsión para conectarse al punto de conexión que entregue la empresa. Para lo cual los Servicios de Salud deben facilitar los antecedentes de las obras aprobadas por éstos.
Estamos eliminando un efluente que podría perfectamente ser reincorporado a través de la reutilización de aguas residuales tratadas en algún sector productivo y con esto disminuir la presión sobre los recursos hídricos convencionales o naturales”, comentó el jefe de Proyectos de Fundación Chile. De este modo, juntamente con el alza presupuesto plomeria termofusion tarifaria comenzó a aplicarse el sistema de subsidio focalizado al consumo de agua potable y alcantarillado. Pero su implementación presentó dificultades por estar muy restringido y con engorrosos procedimientos, lo que hizo que de 450 mil familias que estaban en condiciones de acogerse al subsidio solo un 10% pudiera obtenerlo.
Empero, por largo tiempo el mundo rural mostraba, comparativamente con el urbano, magros resultados dado los escasos niveles de inversión en obras sanitarias. Sin embargo, entre 1965 y 1976 el Estado, aunque manteniendo su política de subsidios, aumentó significativamente los niveles de inversión en obras sanitarias urbanas y rurales, logrando aumentar la cobertura urbana a un seventy seven,4% en agua potable y a un 47 agua de alcantarillado,4% en alcantarillado. Asimismo, gracias a un programa de agua potable rural, con apoyo del BID, se había alcanzó una cobertura de agua potable de la población rural concentrada de un forty seven,8%. A partir de 1995 el gobierno concertacionista de Eduardo Frei Ruiz Tagle desarrolló una política económica para generar un proceso sistemático de privatización del sistema sanitario estatal.
Este avance en cobertura de agua potable, alcantarillado y agua potable rural queda de manifiesto en los siguientes cuadros. En 1989 casi un 99%124 y un 83% de la población urbana ya period abastecida con agua potable y alcantarillado, respectivamente (Tabla 5), ubicando a Chile entre los mejores países de la región, lo que era exhibido como un logro por el régimen dictatorial125. Por su parte, se observa también un acelerado proceso de convergencia regional para ambos servicios (Tabla 6), muy distinto a la situación mostradas en los gráficos 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Las tasas de crecimiento de cobertura urbana de agua potable y alcantarillado fueron las más altas del siglo126. Sin embargo, ya había logrado dotar de sistemas de agua potable a 199 localidades rurales concentradas, con una inversión whole de US$6 millones114. Con todo, el aumento de cobertura pasó de un 6% en 1960 a un 31% en 1970 para dichas localidades115.